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El 2 de julio del año 2000, México ingresó al conjunto de países regidos por un gobierno surgido de elecciones limpias, libres y competidas por primera vez en su larga historia. Luego de setenta años de gobiernos electos en el contexto de un régimen de partido único que controlaba los resortes de poder estatal, las elecciones intermedias de 1997 y las nacionales de 2000 fueron las primeras en las cuales la competencia abierta y el sufragio S universal libre y secreto permitieron traducir preferencias individuales en una decisión colectiva de manera no distorsionada (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000).
En este contexto —setenta años de partido único, más unos cuantos siglos de regímenes oligárquicos o dictatoriales, ya bajo la dominación española ya a partir de la independencia alcanzada a principios del ochocientos—, no es sorprendente que diversos estudios a lo largo del siglo XX hayan calificado a la cultura política mexicana como heredera de una tradición marcadamente autoritaria.
A dos décadas de la Revolución de 1910, y desde un enfoque psicoanalítico, Ramos (1934) señalaba que el machismo y el sentimiento de inferioridad constituían rasgos salientes del mexicano mestizo típico, versión confirmada por Octavio Paz en su famoso Laberinto de la soledad. Wolf (1959), por su parte, remarca el predominio de estas características, señalando que mucho de lo que ocurre en la política mexicana puede ser entendido a partir de la comprensión del carácter mestizo.
Es hasta la publicación del clásico (y ya citado) libro de Almond y Verba (1963), uno de cuyos casos de estudio es México, que los enfoques teóricos para analizar la cultura política se modifican y alcanzan mayor sofisticación. Estos autores sostienen que los mexicanos tienen mayoritariamente una cultura política parroquial (25%) o tipo subdito (66%), y sólo una proporción marginal de la población es poseedora de una cultura política participante.3
Desde esta misma perspectiva, Segovia (1975) remarca que la cultura política mexicana se deriva de la educación autoritaria e intolerante a la diversidad que reciben los niños en la infancia, tanto en el seno familiar como en la escuela. Dicha educación, caracterizada por el respeto a toda forma de autoridad, independientemente de su origen y criterio de aplicación, desincentiva un involucramiento eficaz en cuestiones públicas y genera un sentimiento generalizado de apatía y cinismo hacia la política.
Independientemente de su valor académico y documental, tales estudios fueron realizados desde perspectivas culturalistas tradicionales, y con metodologías diferentes a las utilizadas en las últimas décadas para medir y clasificar los tipos de cultura política ciudadana en el país y el resto del continente. El estudio de Booth y Seligson (1984) es el primero que analiza los rasgos de la cultura política mexicana desde una metodología similar a la utilizada en los estudios más recientes. Esta investigación, basada en los trabajos de Dahl (1971) y Sullivan et al. (1979), se propone analizar si efectivamente, tal como decían los estudios tradicionales, la cultura política predominante en México se caracterizaba por su contenido autoritario.
El trabajo de Booth y Seligson abordó el problema del autoritarismo cultural a partir de tres indicadores: a) la propensión de los mexicanos a participar activamente de los asuntos públicos (mayor participación, menor autoritarismo); b) la propensión a aceptar como válido el derecho al disenso (mayor aceptación de lo diferente, menor autoritarismo), y c) la propensión a adoptar una postura de oposición a la supresión de libertades democráticas: expresión, reunión, asociación, prensa (a mayor oposición, menor autoritarismo).