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La obsesión del gobierno sobre un creciente aislamiento internacional de Israel llevan a ignorar auténticas oportunidades para el progreso hacia la paz.
Durante el primer semestre de 2010, la coalición religiosa de derechas encabezada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, estuvo tratando de reformar la sociedad israelí de tal forma que fortaleciera su plan respecto a Jerusalén Este y Cisjordania. Esta posición fue una clara manifestación de lo cerrado, y por lo general negativo, que es el vínculo entre la política interna de Israel y la cuestión palestina.
En muchos aspectos, esta dinámica se nutre de las tendencias observadas en Israel durante la última década. El curso que han tomado los acontecimientos resulta en algunos aspectos más peligroso para el futuro de las relaciones entre israelíes y palestinos que la construcción de otros cientos de viviendas para judíos en Jerusalén Este.
Junto con el éxito indiscutible del blindaje de la economía de Israel frente a la crisis mundial y en particular a la crisis monetaria europea, la coalición del primer ministro Netanyahu estuvo desde el principio, en marzo de 2009, programada para provocar. Puso las carteras de Justicia y la policía en manos de Israel Beiteinu, cuyo líder, Avigdor Lieberman, ministro de Asuntos Exteriores, se encontraba bajo investigación policial durante la última década y cuyas canallescas maneras han contribuido a la impopularidad mundial de Israel. Incluso si a Lieberman llegaran a acusarle, una posibilidad nada desdeñable, es probable que su partido permanezca en la coalición. Como buen recaudador de votos, Lieberman puede atribuirse el mérito de encontrar una fórmula política para galvanizar el voto de los inmigrantes rusos y los derechistas seculares independientes: la incitación demagógica contra los árabes, sumada a medidas para garantizar los derechos de los inmigrantes cuyo judaísmo no es reconocido por el estamento religioso ortodoxo.
La cartera de Vivienda estaba en manos del Shas, un partido cuyos votantes son sefardíes ortodoxos de bajo poder adquisitivo; de ahí la construcción masiva de viviendas en lugares como Ramat Shlomo en Jerusalén Este donde el suelo es barato.
La sociedad civil israelí está bajo el ataque de este gobierno. El sistema judicial de Israel, el último bastión de la sociedad abierta, se ha visto claramente socavado por los intentos de la Knesset de remodelarlo y darle una imagen más conservadora. Peor aún, el gobierno se negó descaradamente a obedecer y hacer cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de derribar las partes controvertidas de la valla de seguridad en Cisjordania, desmanterlar asentamientos no autorizados en la parte árabe de Jerusalén Este, así como de construir escuelas para los niños árabes de Jerusalén, que Israel insiste en que son sus residentes. A principios de 2010, el máximo representante del Tribunal Superior de Justicia, Dorit Beinish, consideró necesario recordar a las autoridades que las decisiones de la Corte Suprema “no son recomendaciones”. A decir verdad, los predecesores de Netanyahu iniciaron esas prácticas contrarias al Estado de Derecho; sin embargo, fueron capaces de esquivar el estigma de socavar el sistema judicial en las cuestiones relativas a los palestinos, mediante los intentos de avanzar en el proceso de paz –algo que a Netanyahu le resultaba considerablemente difícil de hacer…