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Yo te ayudaría amigo pero no me sé la respuesta
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Muchos científicos pasan largas temporadas fuera de sus países realizando trabajo de campo y enfrentándose a riesgos que podrían comprometer no solo su investigación, sino también su vida. Ante estas situaciones hostiles, las medidas de protección no siempre son suficientes. Sobre todo cuando se trabaja con temas políticamente delicados para ciertos gobiernos. Uno de los campos de investigación más sensibles es el de las migraciones.
Cada día cientos de personas intentan cruzar las fronteras de Europa arriesgándolo todo. Cuando alcanzan el ansiado continente, su calvario no hace más que empezar. Les acompaña la inseguridad y la amenaza de ser expulsados de unos estados miembros que en algunos casos recrudecen sus políticas migratorias de deportación. En la última década, España, por ejemplo, ha deportado a unas 100.000 personas, pero las cifras han ido descendiendo de 46.731 personas en 2008 a 20.091 en el año 2015, según el Ministerio de Interior.
España, Francia e Israel es donde los científicos encontraron mayores escollos investigando sobre deportaciones
Para comprobar sobre el terreno cómo se ejecutan estos procesos, un equipo de científicos de la Universidad de Ámsterdam se ha sumergido desde 2014 en la rutina de las unidades estatales de identificación, arresto, detención y deportación de inmigrantes, y ha interrogado a agentes estatales (policías, jueces, abogados, personal de los centros de detención, oficiales en ministerios, etc.) y de la sociedad civil, como organizaciones sociales locales e internacionales, movimientos comunitarios y organizaciones religiosas.
El proyecto, llamado SOLIDERE (Social Life of Deportation Regimes) y liderado por el antropólogo Barak Kalir, estudia en cinco años un tema poco explorado hasta el momento: los regímenes de migración en países como España, Grecia, Francia, Rumania, Países Bajos, Ecuador e Israel. Su tarea ha estado repleta de obstáculos.
“El tema es políticamente muy delicado y el acceso a las prácticas diarias de las unidades de la policía de inmigración, los guardias en los centros de detención, los perseguidores estatales, etc., ha sido difícil en todos los lugares de estudio”, confiesa a Sinc Kalir, consciente del impacto que puede tener este tipo de investigaciones en los países analizados.
Es justamente en España, Francia e Israel donde los científicos encontraron mayores escollos para acceder a las autoridades estatales en el campo de la deportación. “Los países que ejercen estrictos regímenes de deportación, con respecto a la cantidad de detenidos y deportados, también son los que ponen más dificultades para la investigación antropológica en su práctica”, señala Kalir.
La presencia de científicos en estos procesos, incluso en países sin conflictos aparentes, parece ser una traba. “Las violaciones de las reglas y regulaciones, el uso de la violencia o el perfil étnico –especialmente en el delicado campo de la migración y el asilo– pueden generar problemas internos y públicos en su unidad, y esto puede provocar que muchas autoridades estatales rechacen las solicitudes de científicos para investigar su trabajo diario”, aclara el experto.
Las investigadoras se han encontrado con comportamientos sexistas de los actores estatales y ciertos incidentes podrían describirse como acoso
Pero a esto se añade el hecho de que la mayoría de los investigadores del proyecto de Kalir son mujeres. En el desarrollo de su trabajo, han sido ellas quienes han vivido situaciones personalmente desafiantes. “Sorprendentemente, se han encontrado con el comportamiento sexista de los actores estatales, la intimidación y ciertos incidentes que podrían describirse como acoso”, comenta el antropólogo, quien destaca su profesionalidad ante un entorno “hipermasculinizado”.