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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) delineó sus prioridades de trabajo para el próximo quinquenio. El TSE cuenta con una nueva integración desde el pasado 30 de julio. Durante su gestión le corresponderá organizar los comicios legislativos y municipales de 2021 y los presidenciales de 2024. El árbitro electoral enfrenta una ola de críticas como consecuencia del desencanto de los ciudadanos con los partidos, los políticos, los congresos y, en general, con las instituciones de la democracia. Se trata de un fenómeno que afecta al Continente entero y que venía advirtiéndose en la última década por el Barómetro de las Américas (LAPOP) y el Latinobarómetro.
En la primera reunión con la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa los magistrados del TSE plantearon una serie de aspectos que, según el Tribunal, contribuirán a mejorar la transparencia y la organización de las elecciones.
En primer lugar destaca la autonomía presupuestaria del organismo electoral y la solicitud para la aprobación en tiempo de los gastos extraordinarios para la celebración de las elecciones con el propósito de evitar retrasos en la implementación del Plan General de Elecciones.
Le sigue la posibilidad de otorgar iniciativa de ley al organismo electoral en las materias de su competencia. La necesidad de depurar el padrón electoral, el uso obligatorio de tecnología para el conteo de votos en las JRV (Juntas Receptoras de Votos), la regulación que simplificaría la integración de los Organismos Electorales Temporales y la instrucción como requisito previo para los que integren las mesas de votación fueron otros de los asuntos relevantes sugeridos por el TSE.
Por último los magistrados pidieron la aprobación de las reglas para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que amplió el voto desde el exterior a las elecciones legislativas y municipales, la revisión de los plazos para la inscripción de candidaturas partidarias, no partidarias y pactos de coalición, el aumento del número de electores de 600 a 700 en cada JRV, las normas para ordenar el uso de las redes sociales en la propaganda electoral, el incremento de sanciones, y atribuciones para fiscalizar el financiamiento que reciben los candidatos.
Todas son temáticas estratégicas. Sin embargo, una de tipo estructural que debe incorporarse a la lista de peticiones que presentaron los magistrados y que podría significar el más importante legado de su administración es la de la profesionalización de la función electoral. La especialización de los empleados y funcionarios del TSE consiste en promover la contratación del personal por mérito y no por vínculos con los partidos políticos. Es una medida cuya aplicación de carácter general, para todas las instituciones estatales, ha pedido insistentemente la sociedad civil organizada.
En el ámbito que nos ocupa la profesionalización ayudará a recuperar la confianza de los ciudadanos en la autoridad electoral, promoverá la preparación de abogados expertos en el área del Derecho electoral y dotará al TSE de un funcionariado de carrera que conservaría su trabajo permanentemente sin importar el cambio de titulares. El Instituto Nacional Electoral de México, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y el Tribunal Electoral de Panamá ocupan los primeros lugares en los índices de integridad electoral precisamente por el impulso que han concedido a la función electoral desde sus respectivas Constituciones.
La regulación legal que obligue a la realización de los seminarios de evaluación después de cada justa electoral con la participación de expertos, organizaciones de la sociedad civil, consultores internacionales y partidos políticos, es otro de los proyectos que deben abanderar los magistrados. Lo ideal es que este examen no dependa de la voluntad de los funcionarios de turno sino de una prescripción normativa. Esta práctica, que sistemas como el panameño ejecuta hace más de una década, permitiría identificar los problemas ocurridos en los pasados comicios y corregirlos por lo menos con un año de anticipación a la próxima elección.
Finalmente es aconsejable que el TSE concrete la escuela de capacitación con base en modelos como el del Instituto de Formación y Estudios en Democracia que opera bajo el amparo del TSE costarricense. Con esta iniciativa la autoridad electoral contaría con su propia instancia de enseñanza cuyos cursos y diplomados serían una requisito inexcusable para que los empleados escalen en responsabilidades y en el nivel salarial.
Si persiste el clientelismo al interior del TSE de nada servirá desconcentrar sus funciones o dejarlas aglutinadas en una misma institución. El tránsito de un modelo a otro pasa necesariamente por la preparación de un conjunto de personas que al final del proceso sean profesionales versados en lo electoral, capaces no solo de administrar exitosamente las elecciones locales sino de convertirse en referentes a nivel internacional.
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