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De acuerdo con Reyes Tellez, “El bien común representa una realidad tangible, un medio organizado conforme a los mejores recursos del momento. El Estado tiene como misión cuidar directamente, mediante una amplia planificación y coordinación de la cooperación social, todas las necesidades existenciales de sus miembros, contando con una amplia gama de políticas públicas además de un amplio sistema de derechos humanos que protejan a las personas en todas las eventualidades de la vida, proporcionándoles la ayuda que necesitan”.[1]
El bien común, como objetivo, vela por el establecimiento pleno de la voluntad popular en cualquier nación, para que la humanidad pueda alcanzar niveles dignos de bienestar; su materialización se da por tanto, de manera exitosa, al interior de la sociedad cuando la justicia y equidad social confluyen en una sola meta, en forma de elementos incluyentes, en cuyas concepciones, se posicione la defensa del individuo como una máxima frente a la construcción del propio Estado.
Asimismo, el bien común encuentra su paralelo con la propia finalidad de los derechos humanos, como la defensa de la vida, la libertad, el acceso irrestricto a la justicia con base en el debido proceso, entre otros elementos, de los cuales se derivan derechos tales como la alimentación, el acceso a una educación gratuita, laica y de calidad, vivienda digna, salud, entre otras prerrogativas que tienen como finalidad: asegurar el desarrollo pleno e integral de los individuos con base en su dignidad inherente, fuera de toda discriminación; por tanto, se coloca como un mecanismo necesario e imprescindible al momento de garantizar la promoción, defensa y salvaguarda de los derechos humanos.
Cabe mencionar que durante mucho tiempo se consideró que el desarrollo teórico de los derechos humanos necesariamente se daba en el ámbito jurídico; sin embargo, su concepción no es exclusiva de esta lógica ya que en la medida en que son también un discurso que genera relaciones de poder, cuando se convierten en el discurso de las clases gobernantes. En este sentido se inscriben como necesarios para profundizar en los alcances del desarrollo integral de cualquier sociedad y en el de cualquier individuo, en aras de promover y asegurar el bien común.
No obstante, cuando abordamos reflexiones en torno al bien común dentro del contexto actual, es inevitable enfrentamos a una noción que adolece de contenido a consecuencia del fenómeno de la corrupción e impunidad que laceran los tejidos sociales. Se trata de individuos cuyos comportamientos desprovistos de ética, quebrantan los principios básicos de los regímenes democráticos, de la propia esencia humana y de todos aquellos elementos que aseguran el desarrollo del Estado de Derecho y la congruencia del principio de la legalidad en prácticamente todas las regiones. Desafortunadamente, la corrupción se ha posicionado como un “elemento cultural” principalmente dentro de las sociedades más desiguales de la tierra.
Sin embargo, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, por cultura se entiende el “conjunto de características, ideas, conocimientos y tradiciones que caracterizan a una clase social, época, pueblo, etc.”; por tanto, si asumimos esta nociva práctica propiamente como algo cultural, pasamos por alto el hecho de que este fenómeno es producto de un sistema que depende de la desigualdad para su propia supervivencia y que no es inherente al ser humano; más bien un sistema corrupto coloca al ser humano en la necesidad de adaptarse a él llevando a cabo acciones que vulneran a su propia dignidad, aunque esto no quiere decir que el individuo deba posicionarse como “víctima de la circunstancia” al contrario, debe promoverse como un actor de cambio social, cuya responsabilidad modifique estos esquemas a favor del bienestar colectivo.
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podríamos garantizar el bien común ayudando a otras personas que necesitan, por decir ahora que estamos en estado de emergencia hay personas que no tienen una buena economía lo que haríamos es apoyar a esas personas
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