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1En el tránsito del orden colonial al republicano la definición de la forma de gobierno y organización política de la población y el territorio fue uno de los asuntos de importancia central (cf. Contreras & Cueto, 1999: 34). Dado que en el contexto de la ideología liberal que daba sustento al nuevo régimen político no era dable pensar las nuevas repúblicas sin que sus habitantes adquirieran la condición de ciudadanos, desde la perspectiva de los constructores de los nuevos estados tal definición pasaba, a su vez, por establecer los marcos jurídicos para la constitución de ciudadanos y la integración de todos sus habitantes a la vida política y económica de la nación.
2En los países andinos, la integración de la población indígena a la vida política y económica de la nación resultaba un punto crucial en la medida que ésta era mayoritaria. De ahí que en el Perú se adoptaran tempranamente medidas en ese sentido aunque éstas tuvieran un efecto muy atenuado o fueran eventualmente revertidas. En esta línea se encuentran la supresión del tributo indígena, la extinción de la propiedad corporativa, la abolición de los cacicazgos, la extinción de la Caja de Censos de Indios, y la supresión del uso legal de los términos “indio” y “natural”.
3El intento de abolir la propiedad colectiva respondía a la noción de conformar los derechos y deberes de los indígenas con los de los criollos, blancos y mestizos, entendiéndose como una condición del ejercicio de la ciudadanía la propiedad individual de las tierras. La supresión de los cacicazgos, en cambio, procuraba asegurar el establecimiento de lealtades directas para con el Estado sin la mediación de tales operadores coloniales. Sin embargo, el propósito filosófico-político de fondo de éstas y las otras medidas era, como se sabe, la reforma del régimen de corporaciones o castas. A la base de este régimen, estaba la idea de que la sociedad estaba constituida por agrupaciones o cuerpos sociales. Además, la ubicación en la jerarquía social, los derechos y obligaciones de los individuos venían definidos por su afiliación natural o pertenencia a alguno de estos cuerpos. En el caso de los indígenas, los cuales llegaron a ser concebidos como integrando una “república” al interior del espacio sociopolítico colonial, el “derecho indígena” establecía su condición de tutelados y los sometía a un régimen de protección. La pervivencia de estos cuerpos, que no empataba con la noción de individuos iguales ante la ley, contradecía la idea liberal de una república constituida por