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Una de las medidas de las autoridades españolas para restar fuerza a los movimientos independentistas fue la publicación en el mes de junio de 1811, del reglamento político militar, llamado “Plan Calleja”, en el que se exigía crear cuerpos de infantería y caballería en las ciudades, conseguir que los propios habitantes de haciendas y ranchos se defendieran de los ataques insurgentes y aumentar el número de cuerpos irregulares, por lo tanto el “Plan Calleja” culminó la novohispanización del ejército.
La Real Ordenanza de Milicias de 1767 estipuló que el ejército obtendría los remplazos a través de banderas de reclutas, levas y sorteos, además de que las milicias custodiaban los caminos, protegían la salida de los caudales por los puertos, sofocaban las rebeliones y apoyaban los cambios introducidos por las reformas borbónicas.
En 1767, la Nueva España apoyó la política del gobierno español, que se opuso tajantemente a la educación militar de los mestizos y criollos, pues esto implicó un peligro para continuar con su dominio, los mantuvo alejados de todo puesto de importancia, se les negó la admisión al Ejército Colonial, así mismo les fueron restringidos los puestos de cadetes que era la categoría asignada a los aspirantes a oficiales, sin embargo, por los acontecimientos en la península ibérica a finales del siglo XVIII, fue necesario modificar su política de reclutamiento, permitiendo que los criollos y mestizos ingresaran al Ejército Virreinal incluyendo en la clase de cadetes.
Felipe V admitió esta forma de reclutamiento que se instituyó formalmente en la Cédula Real del año 1776, siendo Virrey de la Nueva España José Miguel de Azanza, se permitió a los criollos y mestizos, iniciarse en la carrera de las armas, al ingresar como Cadetes a los cuerpos de tropa que formaban el Ejército Colonial.
La noticia de las renuncias de Fernando VII y Carlos IV al trono de España se recibió en las colonia américanas el 14 de julio de 1808. Esto significó que había desaparecido la autoridad superior legítima de sus dominios en el nuevo continente, por lo que el día 19 de julio de ese año el Ayuntamiento de la Ciudad de México, "en representación de todo el reino", entregó al Virrey un memorial con los siguientes puntos:
Que las reales renuncias eran nulas porque fueron "arrancadas por la violencia".
Que la soberanía radicaba en todo el reino y en particular en los cuerpos que llevaban la voz pública, "quienes la conservarían para devolverla al legítimo sucesor, cuando se hallase (España) libre de fuerzas extranjeras".
Que, en consecuencia, debía el Virrey continuar provisionalmente en el gobierno.
Los oidores objetaron este memorial y el 21 de julio y propusieron que se reuniera una junta de las principales autoridades de la ciudad —Virrey, Oidores, Arzobispos, Canónigos, prelados de religiosos, inquisidores, jefes de oficina, títulos, vecinos principales y Gobernadores de las Parcialidades de Indios— para examinar el asunto, lo cual ocurrió el día 9 de agosto de 1808.
El licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, Síndico del Ayuntamiento, planteó la necesidad de formar un gobierno provisional y propuso el desconocimiento de las juntas peninsulares, cuya creación se había conocido en México desde el 29 de julio.
Para entonces los españoles sospechaban que el Ayuntamiento aspiraba a la independencia y los criollos suponían que la Audiencia deseaba mantener la subordinación a España, aún sometida por Napoleón.
El 12 de agosto, Iturrigaray dispuso que no se obedeciera a ninguna junta peninsular, a menos que fuera creada por Fernando VII, con lo cual, estando el monarca prisionero, se desligaba de toda autoridad en España.
El 31 de agosto de 1808, el Alcalde de Corte Jacobo de Villaurrutia pidió al Virrey que convocase a un congreso, lo cual hizo éste al siguiente día, en este se solicitó a todos los ayuntamientos del país a que nombrasen sus representantes y mandando a la capital al Regimiento de Infantería de Celaya y al de Dragones de Aguascalientes, cuyos comandantes le eran partidiarios.
Estos hechos persuadieron a los españoles de las intenciones independentistas del Virrey y decidieron deponerlo.
La noche del 15 de septiembre de 1808, Gabriel de Yermo con 300 hombres, y en complicidad de la guardia de palacio, entraron a éste e hicieron prisionero al Virrey José Joaquín Vicente de Iturrigaray, a quien enviaron a la Inquisición con sus dos hijos mayores (después fue enviado a España para que se le juzgase), Mientras tanto, los Oidores, el Arzobispo y otros notables, reunidos en la Sala de Acuerdos, declararon al Virrey separado de su cargo y nombraron para sustituirlo al Mariscal de Campo Pedro Garibay.
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