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Luego de la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, se impuso en el país un régimen político parlamentario, sistema que perduró hasta 1925.
El establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 1833 para instaurar un gobierno del tipo inglés, sino que, por el contrario, sólo bastó interpretarla de manera parlamentaria, limitando y disminuyendo el poder del Primer Mandatario a niveles figurativos y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso.
Si bien el Presidente de la República podía designar a sus ministros libremente, estos debían rendir cuenta de sus actos ante el Senado y la Cámara de Diputados, en las llamadas interpelaciones. Sin embargo, como las mayorías políticas en el Congreso cambiaban con cierta frecuencia, se producía una rápida rotativa ministerial. Así, los sietes gobiernos de la época tuvieron, en promedio, 15 gabinetes que no duraron más de cuatro meses cada uno, debido a las prácticas parlamentarias.
Nuestro país no puede ser considerado parlamentarista por varias razones, la principal es que el poder ejecutivo lo integra una sola persona que ejerce la función de jefe de gobierno y jefe de Estado al mismo tiempo, en cambio en el parlamentarismo este poder lo integran dos personas, el jefe de Estado, que podría ser el rey o presidente y el jefe de gobierno que sería el primer ministro o canciller dependiendo del país, además en nuestro caso el presidente es elegido por votación popular, en el parlamentarismo el jefe de gobierno es elegido por el propio parlamento, los ciudadanos entonces solo eligen a los parlamentarios que los representarán y que elegirán a su máxima autoridad.