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Las FF.AA., orientadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional, implementaron un régimen de Terrorismo de Estado, un plan sistemático de secuestros, desapariciones, torturas y exterminio de dirigentes y militantes del campo popular, no sólo de los combatientes armados. Política que además de aniquilar a las organizaciones revolucionarias, buscaba descabezar a las organizaciones populares más combativas e intimidar al resto, sembrando el terror en la sociedad, a fin de disciplinarla. Por ello, la categoría subversivo era muy amplia. Abarcaba todo tipo de activistas, delegados sindicales, militantes políticos, sociales, estudiantiles, etc. Los trabajadores fueron particularmente golpeados.
El Terrorismo de Estado era la precondición necesaria para aplicar el plan económico de Martínez de Hoz sin resistencia. Según el diagnóstico neoliberal, los problemas argentinos se debían a la intervención del Estado en la economía, que ahogaba la iniciativa privada; al carácter cerrado de la economía, que la hacía poco competitiva; al gasto público excesivo; y al desincentivo de los productores más eficientes, el sector agropecuario, que debía subsidiar a la industria y a los consumidores. Achicar el Estado, abrir la economía, reducir el déficit y apoyar la producción agropecuaria eran sus propósitos manifiestos.
Pero el problema real era que Argentina tenía una economía industrial, orientada al mercado interno, con bajo desempleo. Esto le daba mucho poder a los sindicatos para defender el salario. Y además podían establecer acuerdos con los empresarios ligados al mercado interno, en defensa del salario, que a la vez era consumo, formando una alianza que podía bloquear las iniciativas de los sectores económicos dominantes (capital extranjero, oligarquía terrateniente). El plan económico atacaba las bases estructurales de estos sectores, promoviendo la desindustrialización que, al reducir la cantidad de empresas nacionales y de trabajadores industriales, haría lo propio con su poder.