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El proyecto de ley para medios audiovisuales que presentó el Gobierno Nacional para que sea discutido por toda la sociedad se contrapone, en su esencia, a la actual ley de la dictadura que fuera corregida solo para beneficiar a los monopolios durante el menemismo, en la década del ‘90.
La iniciativa de distribuir en forma tripartita las adjudicaciones de los espacios radiofónicos y televisivos, otorgándoles iguales proporciones a las empresas privadas, a los organismos gubernamentales y a las ONG, promueve la diversidad de voces y la pluralidad informativa.
Con el 33 por ciento destinado a las ONG, se garantiza el acceso a un medio radial o televisivo para las cooperativas, las asociaciones gremiales, las iglesias y todas las entidades sin fines de lucro, que no necesitarán cumplir, como ocurre ahora, con requisitos patrimoniales que vuelven el respaldo económico como una barrera incapaz de superar por la mayoría.