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El altísimo porcentaje de opiniones negativas expresadas en el plebiscito por la apertura de una mina de oro en Esquel muestra el grado de preocupación que existe sobre la preservación del medio ambiente.
El cambio en la legislación argentina introducido en 1996 para facilitar las inversiones mineras, sumado a la suba del precio internacional del oro y la devaluación del peso, favorecieron la reactivación de los emprendimientos en nuestro país, como el polémico de Esquel. El conflicto se remonta a agosto de 2002, cuando una empresa canadiense adquirió la mina El Desquite, ubicada en un cerro situado a menos de 7 kilómetros de Esquel y anunció su inminente explotación, para obtener más de 1.400 millones de dólares durante los diez años estimados de vida útil del yacimiento de oro y plata.
La voz de alarma cundió entre los esquelenses cuando se conocieron los detalles del proyecto. Se trata de una explota ción a cielo abierto que requiere el dinamitado diario de enormes cantidades de roca y la utilización de cianuro y agua en grandes cantidades, lo cual podría tener un fuerte impacto ambiental.
Pero además, también se advirtió que, en la medida en que la cordillera es conocida internacionalmente por sus cualidades naturales y estéticas, el proyecto minero puede afectar seriamente el turismo.
Quienes se mostraron a favor de la iniciativa, encabezados por el Gobierno provincial y sectores políticos, empresariales y sindicales, sostuvieron que la radicación de la minera aportaría a la reactivación económica del pueblo y generaría puestos de trabajo.
Tras largos meses de debates, informes técnicos diversos y nutridas marchas de protesta, las autoridades municipales convocaron a un plebiscito no vinculante para que la población expresara su opinión sobre el emprendimiento. Así, con una participación récord del 75% de los empadronados, casi el 85% se pronunció en contra de la instalación de la mina.
Quedó así en evidencia que la población de Esquel no confía en la seguridad y conveniencia del proyecto, tal como les fue presentado hasta ahora.
En función de los resultados, el gobernador de Chubut abrió un compás de espera en este emprendimiento minero, que cuenta con el aval de la legislación nacional.
La lección más importante, de todos modos, es que cualquier iniciativa, por más amparo legal que tenga y favorable que pudiera llegar a resultar, no tendrá un destino seguro si no cuenta con la aprobación de una sociedad preocupada por sus condiciones de vida y consciente de sus derechos.
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