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La inspiración de estas medidas se encuentra en una doctrina política denominada regalismo, que defiende el derecho del Estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus iglesias nacionales. La expulsión de una orden obediente al papa como la jesuita era económicamente apetecible porque reforzaba el poder del monarca y, además, porque tras la expulsión de una orden religiosa venía luego la correspondiente desamortización de sus bienes, que el Estado podía administrar como creyera oportuno.
Las expulsiones y la posterior disolución de la Compañía de Jesús trajeron como consecuencia el exilio de una gran cantidad de jesuitas en países oficialmente no católicos que toleraban la presencia de súbditos católicos, como el reino de Prusia o el Imperio ruso (que en 1772 habían llevado a cabo el reparto de Polonia, de población mayoritariamente católica). Ambos monarcas (Catalina la Grande de Rusia y Federico II de Prusia) ignoraron el decreto papal, lo que permitió la continuidad de los colegios jesuitas, y de hecho la reorganización de lo más selecto de la intelectualidad de la Compañía.
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