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Al comienzo de la Revolución, en agosto de 1789, los derechos feudales y cánones señoriales fueron abolidos por la Asamblea Nacional Constituyente; las tierras de la nobleza fueron despojadas de su especial estatus de feudos; los nobles fueron sujetos al mismo sistema de impuestos que el resto de sus conciudadanos y perdieron sus privilegios, aunque, sin embargo, se les permitió retener sus títulos.
Sin embargo, se decidió que determinados pagos anuales que se adeudaba a la nobleza y que se consideraban "contractuales" (es decir, no se derivaban de una usurpación del poder feudal, sino de un contrato entre un inquilino y un propietario de tierras), se necesitaban ser rescatados por el inquilino para que éste tuviera clara titularidad de sus tierras