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Hace 40 años, 18 de octubre de 1977, en el Ingenio Aztra se masacró cobardemente a sus trabajadores: una triste página de las luchas populares que jamás debe olvidar el pueblo ecuatoriano
El 18 de octubre de 1977 tiene lugar uno de los hechos más siniestros de la historia del movimiento obrero ecuatoriano: la masacre de los trabajadores del Ingenio Aztra.
El Ingenio Aztra. Una empresa mixta con capitales particulares y estatales, tiene una larga historia de latrocinios y depredaciones.
Primeramente, en el año 1960, se forma como empresa privada para explotar la caña de azúcar de los latifundistas de la zona, los mismos que habían adquirido las tierras usurpando a antiguos propietarios y arrebatando las parcelas de los humildes campesinos que habían formado varias colonias. Entre los socios de la nueva compañía ‒que tiene un capital inicial de 17’000.000 de dólares‒ se hallan prominentes miembros de nuestra oligarquía: Ernesto Jouvín Cisneros, José Salazar Barragán, los hermanos Alfonso y Rafael Andrade Ochoa, por ejemplo. Empero, cuando se presentan dificultades económicas, la mayoría de las acciones van a parar a manos del Banco “La Filantrópica” de los Isaías, quienes a su vez ‒percibiendo “malos vientos en el negocio”‒ la traspasan a una entidad estatal, La Corporación Financiera Nacional, con la aprobación del gobierno del general Rodríguez Lara. Desde ese entonces se convierte en botín de gerentes y altos empleados que, como se puede suponer, pertenecen siempre a la élite de las clases dominantes.[2]
Los ingenios azucareros han estado desde un principio en el poder de la más rancia oligarquía, razón por la que han gozado de privilegios inconcebibles, aunque estos vayan en menoscabo de los intereses populares.. Es así como en enero de 1976 se eleva el precio del quintal de azúcar de S/.135 a S/. 220 y luego, casi enseguida, en agosto de 1977, después de un ridículo paro de propietarios ‒que desde luego no son sancionados con el decreto 1475 como se hace con los trabajadores‒ se sube a S/. 300. Pero ahora, con inaudito descaro, mediante decreto N° 1784 de 5 de septiembre, se elimina a los trabajadores en la participación de las utilidades provenientes del último aumento, a fin de que todo vaya a los bolsillos de los magnates. Tanta generosidad, no puede sino encerrar unturbio negocio entre empresarios y funcionarios de la dictadura militar, como piensa con lógica Víctor Granda en su libro La masacre de Aztra.
Y es, cabalmente, el pago de las utilidades que les corresponde por estos aumentos lo que principalmente reclaman los trabajadores de Aztra, pues que les pertenece el 10% de la ganancia producida por cada uno de ellos. De la primera elevación de los precios durante el período comprendido entre el 27 de septiembre de 1976 y el 4 de septiembre de 1977 que se les adeuda ‒según consta en el numeral 2º del pliego de peticiones‒ exigen el pago de S/. 28’ 171.176. Igualmente piden la entrega del mismo porcentaje del beneficio proveniente del segundo aumento de precio, basándose en el Art. 32 del Tercer Contrato Colectivo celebrado con la Empresa, y negando que el decreto N° 1784, sea aplicable a su caso. Finalmente, se demanda el cumplimiento por parte de la Compañía de varias cláusulas del mismo Tercer Contrato Colectivo, entre otras, las que se refieren a estabilidad en el trabajo y acatamiento de la tabla de remuneraciones para los trabajadores agrícolas.
El ya indicado día 18 de octubre, previo aviso legal y previo pedido de protección de parte de la policía, invocando el numeral 3º del Art. 459 del Código del Trabajo, se declara la huelga. Mas por la tarde, cuando los trabajadores se hallan merendando en compañía de sus mujeres y sus tiernos hijos, son traidoramente rodeados por contingentes policiales traídos expresamente de varios lugares del país con ese objeto, y un teniente Viteri, desde un altoparlante, les ordena el inmediato abandono del lugar, concediéndoles dos minutos para la salida. Los dirigentes obreros piden que se amplíe ese término perentorio concedido con mala fe, pero en vez de ser escuchados, son atacados a bala y con bombas de gases lacrimógenos, bombas que son apagadas con agua y algunas devueltas a los atacantes por los valientes trabajadores que, en un primer momento, logran su retirada. Los agresores, reanimados por el gerente, coronel Reyes Quintanilla ‒un militar retirado que ya como gobernador del Guayas durante la Junta Militar se distinguió por su odio al pueblo, razón por la que logra entrar al servicio de la oligarquía guayaquileña, llegando a ser hasta gerente del Banco del Pacífico‒ los policías vuelven al ataque y con furia inaudita se ceban sobre los indefensos huelguistas, los mismos que son empujados a un canal lleno de agua mediante culatazos y garrotazos, cuando tratan de salir por allí, ya que la puerta se halla en manos de la policía. Víctor Granda Aguilar narra así estos trágicos instantes:
Respuesta:
Aquella tarde del 18 de octubre de 1977 los trabajadores del Ingenio Azucarero Aztra merendaban tranquilamente, junto con sus mujeres y sus pequeños hijos, sin pensar siquiera lo que les iba a suceder minutos más tarde. Esa mañana se tomaron las instalaciones del Ingenio exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo que estipulaba el pago del 20 % del alza del precio del azúcar. La dictadura, congraciándose con los Noboa, los Valdez, los Ponce Luque, subió el quintal del 220 a 300 sucres.
Entre tanto, el Gerente General de Aztra, Coronel (r) Jesús Reyes Quintanilla, enterado de la huelga, mantuvo contactos con el Ministro de Trabajo, Coronel (r) Jorge Salvador y Chiriboga; con el de Gobierno Bolívar Jarrín Cahueñas; con el Gerente de la Corporación Financiera Nacional, Alberto Quevedo Toro y con el triunviro, General Guillermo Durán Arcentales. Con una agilidad sorprendente, el mismo día el Subsecretario de Trabajo, doctor Arturo Gross C., declaró la huelga ilegal y pidió al Coronel Bolívar Jarrín Cahueñas que “disponga lo que el departamento de su digno cargo estime legal”. Jarrín Cahueñas inmediatamente envío una comunicación al Comandante General de Policía, Alberto Villamarín Ortiz, en la que textualmente manifestó: “agradeceré a usted, se digne disponer, se proceda al desalojo inmediato de los trabajadores de dicho ingenio que se encuentran apoderados de la fábrica impidiendo su normal desenvolvimiento”.
A las 5 de la tarde llegó de Babahoyo a La Troncal el destacamento la Peñas, compuesto por 100 policías fuertemente armados al mando del Mayor Eduardo Díaz Galarza. En el interior del ingenio se encontraba el Mayor Lenin Cruz, conocido elemento represivo, al mando de una dotación policial que desde semanas atrás se encontraba custodiando las instalaciones.
Las fuerzas represivas estaban dispuestas y en seguida se ejecutó la masacre. Un tal Teniente Viteri, megáfono en mano, les concedió dos minutos para que los trabajadores, mujeres y niños abandonen el lugar. El único sitio de escapatoria constituía una pequeña puerta, que bien podría compararse con una puerta de dormitorio…Por ahí debían salir 2000 personas… y en dos minutos. Los trabajadores replicaron con vivas a la huelga y se aprestaron a resistir con sus machetes, pero los policías armados con lanzabombas, metralletas, fusiles, bombas de mano y garrotes, arremetieron brutalmente.
Con alevosía y premeditación dispararon y golpearon a los hombres y niños obligándoles a lanzarse al profundo canal de riego, donde muchos, ya heridos, perecieron ahogados. Fruto de esta acción perecieron más de cien personas.
A las ocho de la noche, el Mayor Díaz comunicó a sus superiores que la “orden había sido cumplida a cabalidad”. El crimen había sido consumado. La Ley de Seguridad Nacional aplicada.
La dictadura, para encubrir su crimen, fabricó una versión –que nadie creyó- con la cual hacía responsables de la masacre a los dirigentes laborales, e inventó un supuesto “plan terrorista internacional”. Los cadáveres desaparecieron y según se dice fueron arrojados a los calderos del Ingenio, mientras a otros se los dejó sepultados en el fondo del canal.
Los dirigentes fueron perseguidos y tomados presos; se allanaron sus domicilios. La población de La Troncal, donde la lucha de los zafreros continuaba, fue militarizada. La dictadura desconoció a los legítimos representantes laborales e infiltró a varios agentes de seguridad con el objeto de montar una directiva corrompida que llegó incluso a condecorar a los responsables del asesinato.
Las reacciones de repudio en varias ciudades del país e incluso a nivel internacional no se hicieron esperar. Los trabajadores de los ingenios San Carlos y Valdez declararon una huelga solidaria indefinida. En Cuenca se suspendieron los festejos de noviembre y en toda la ciudad se colocaron crespones negros en señal de luto. En distintos sectores del país se efectuaron manifestaciones estudiantiles y de trabajadores, algunas de las cuales se prolongaron por varias semanas.
Aztra se dio en el marco en el cual la dictadura ponía en marcha el “plan de retorno a la democracia”, exigiendo como requisito previo un “clima de paz y de orden” que en la práctica significó la vigencia de decretos anti-obreros, ilegalización de la Unión Nacional de Educadores, de la CEDOC y la FESE, encarcelamiento de dirigentes obreros y del magisterio, represión al clero progresista y asesinato a dirigentes campesinos como Mardoqueo León y Rafael Perugachi. Fruto de esta política, los conflictos laborales bajaron de 285 en 1975 a 171 en 1977 y a 117 en 1978.
En medio de la campaña electoral, el binomio Roldós Hurtado prometió que no habría perdón ni olvido para los responsables de la masacre de Aztra. Cuando asumió el poder, en agosto de 1979, el ofrecimiento fue olvidado. La dictadura no fue fiscalizada, el crimen quedó en la impunidad.
Explicación: