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El documento mencionaba públicamente la existencia de una grave discriminación en la base del sistema, es decir, existían dos niveles diferentes de educación primaria; los que ingresaban en centros de enseñanza media, su escolarización primaria duraba hasta los diez años, mientras que para los demás llegaba hasta los catorce años. Impugnara además, el acceso a los diez años, al bachillerato elemental, calificándole de paso <particularmente brusco>, ya que los diez años representan una edad temprana en la evolución del niño. Criticando por consiguiente, la división del bachillerato, aludiendo a una separación prematura de Letras y Ciencias y la existencia de un bachillerato técnico como modalidad propia, propugnando la introducción de materias tecnológicas en el bachillerato. En lo que respecta a la formación profesional, criticara que los planes de estudio no están sincronizados con el bachillerato haciendo muy escasas las conexiones con otros niveles educativos. En cuanto a la educación universitaria, critico la rigidez de los planes de estudio, el peso excesivo de las carreras tradicionales, la falta de flexibilidad que impedía el reingreso al sistema educativo desde el mundo laboral, la falta de autonomía de las universidades, la desvinculación de estas de los demás niveles educativos, etc. En la segunda parte del documento se sentaban los principios en los que debía inspirarse la reforma educativa que se pretendía. Como tales eran: implantación de una educación básica, gratuita y obligatoria hasta los catorce años. Superación de las desigualdades educativas en el campo y en la ciudad. Implantación de un solo bachillerato de formación polivalente y consideración de la formación profesional como una modalidad educativa ligada tanto al mundo laboral como a los niveles educativos del sistema. Acceso a la Universidad sin discriminaciones, después de un curso de orientación. Autonomía universitaria. Nuevas carreras universitarias de nivel medio que atiendan a las necesidades de las nuevas profesiones de la sociedad. En fin, el documento promulgaba la implantación de un sistema educativo inspirado en los principios de unidad, interrelación entre los niveles y flexibilidad desde una perspectiva global
Tomando como base el Libro Blanco, el ministro de Educación y Ciencia y el ministro de Hacienda elevaban al Consejo de Ministros el proyecto de ley general de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, donde se le aplicaron retoques y fue aprobada. Triunfaba de este modo, el principio de integración social a través de la escuela, en el que las puertas de los centros de enseñanza se abrirían de par en par, sin limitaciones ni discriminación alguna para ningún español. Nace en este momento, la Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE), en la que se regula y estructura, por primera vez en este siglo, todo el sistema educativo español. Fue una ley de gran alcance, que pretendió superar las contradicciones internas en las que el sistema había caído por sucesivas reformas sectoriales, insuficientes para responder al acelerado cambio social y económico de la España de aquellos momentos. Los planteamientos de la ley se inscribían en la tradición educativa liberal y suponían un reconocimiento implícito del fracaso de la educación autoritaria de los últimos 30 años