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Si se analiza la política económica del peronismo, pueden distinguirse dos períodos bien diferenciados: el que abarca los años 1946 a 1951 y el que comprende los años 1952 a 1955. Durante el primero de ellos, el gobierno implementó una política guiada por tres objetivos básicos: redistribución de ingresos, expansión del empleo y aumento del involucramiento del Estado en la producción nacional. Existían en ese momento condiciones favorables para tales iniciativas: el país contaba con una importante masa de reservas internacionales, acumuladas durante los años de la guerra a causa de la imposibilidad de importar bienes, mientras que la demanda y los precios internacionales de los productos agropecuarios de exportación eran altos.
No obstante, debido al estancamiento de la producción agropecuaria y al creciente nivel de consumo interno, disminuyeron los saldos exportables, lo que limitaba, a su vez, la posibilidad de importar. Por eso es que la estrategia de sustitución de importaciones resultaba un medio para economizar divisas. Además, también existían restricciones para disponer de parte de las divisas acumuladas porque, al ser créditos contra Gran Bretaña, no podían convertirse en dólares u otra moneda de cambio.
Los fines redistribucionistas se veían favorecidos por la expansión del consumo que permitía el aumento de salarios reales y el mayor nivel de empleo urbano. La otra cara de estos fenómenos era el crecimiento de la producción –especialmente, de bienes durables y semidurables- y de las importaciones. Como ya se ha mencionado, esto se complementó con una política de transferencia de ingresos del sector agropecuario al sector manufacturero urbano. En ese marco, se dio el proceso de sustitución de importaciones, concentrado en las industrias metalmecánicas y textil, a través de medianas y pequeñas empresas de capital nacional, con baja densidad de capital por hombre ocupado y tecnologías relativamente sencillas. Las medidas de protección arancelaria, el régimen de cambios y el crédito industrial, favorecieron su desarrollo.
Esto generaba una dinámica que favorecía el aumento de la ocupación, especialmente en el sector manufacturero, en el que las industrias que crecieron eran, justamente, intensivas en mano de obra. Simultáneamente, el empleo también crecía en la esfera de la administración pública, en gran medida como resultado de la ampliación de los ámbitos de acción del Estado.
En términos generales, los objetivos arriba planteados se alcanzaron durante esta primera etapa de la administración peronista. La participación de los asalariados en el ingreso nacional creció del 39% al 46% entre 1946 y 1950, al tiempo que se alcanzaba prácticamente la ocupación plena hacia fines de los cuarenta (1). El Estado fue progresivamente concentrando el desempeño de funciones claves, vía la nacionalización de los servicios públicos y un mayor control sobre el sistema financiero y el comercio exterior. Se redujo la participación del capital extranjero en la economía y también disminuyeron los servicios de la deuda externa. El producto bruto interno creció, aunque también los hicieron los precios mayoristas y el sector externo comenzaba a mostrar dificultades: por un lado, debido a la expansión de las importaciones, la nacionalización de los servicios públicos y el rescate de la deuda externa, las reservas cayeron abruptamente, al tiempo que el gobierno acumulaba nueva deuda externa de corto y mediano plazo; por otro, hacia 1948 la economía funcionaba a plena utilización de la capacidad instalada, por lo que una restricción de las importaciones ponía límites a la oferta y de esa forma no permitía seguir expandiendo el gasto público y el consumo vía redistribución del ingreso. El intento de continuar con la política expansiva, aún frente a restricciones de la oferta, redujo la tasa de ahorro e inversión y elevó el nivel de precios.