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Según el derecho internacional, las personas que estén en situación de peligro en el mar deben ser rescatadas sin demora y llevadas a un lugar seguro, es decir, a un país donde reciban un trato humano y se les ofrezca una oportunidad real de pedir asilo.
Hasta hace poco, eso significaba que cualquier persona rescatada en el Mediterráneo central que hubiera salido de Libia era llevada a Europa, pues devolverla a Libia la condenaría al riesgo de sufrir detención arbitraria y tortura.
Esto planteaba a los gobiernos europeos un dilema: les interesaba bloquear la migración a través del Mediterráneo central, pues que no quieren que vengan personas a Europa, pero no podían devolverlas a Libia sin infringir la ley.
Así pues, inventaron un método alternativo: empezaron a apoyar a la Guardia Costera Libia para que interceptara a personas en el mar y las devolviera a Libia. Para facilitar este acuerdo, los gobiernos europeos han ayudado a la Guardia Costera Libia de muchas formas: donando barcos, entrenando tripulaciones, ayudando con la planificación y la coordinación y, lo que es crucial, haciendo todo el trabajo preliminar para la declaración de una “región de búsqueda y salvamento” libia en el Mediterráneo central
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