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En 1810, los miembros de la Primera Junta asumieron sus cargos jurando fidelidad al rey Fernando VII, quien en ese momento era prisionero de Napoleón Bonaparte. Así se inauguraba una nueva etapa con un gobierno que efectuó un juramento lo suficientemente ambiguo como para frenar posibles complicaciones. No obstante, el panorama político se presentó cargado de tensiones por la oposición contrarrevolucionaria expresada en las fuerzas realistas. Para comprender la complejidad de la situación es necesario recordar que el gobierno revolucionario había surgido de la voluntad de diversos sectores porteños que representaban proyectos políticos diferentes.
Una vez iniciada la revolución se volvió imprescindible extenderla al interior. Era decisivo obtener la aceptación del nuevo estado de situación por parte de las distintas regiones que componían el Virreinato e invitarlas a sumar sus representantes al nuevo gobierno. El resultado de dicha empresa fue muy diverso: algunas regiones aceptaron de buen grado, otras mostraron fuertes resistencias —que en la mayoría de los casos fueron finalmente vencidas— y otras optaron por seguir sus propios designios independientemente de Buenos Aires.
La revolución y las guerras de la independencia no sólo produjeron un profundo cambio político sino que fueron también el comienzo de importantes transformaciones en la estructura social y económica de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata.
La economía se vio sacudida por las cargas que implicaba hacer frente a los costos de la guerra, aumentaron las contribuciones en dinero y también en ganado y frutos de la tierra. Asimismo los ejércitos restaban brazos a la actividad económica ya que sumaban a sus filas trabajadores rurales y esclavos.