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Respuesta:Dentro de los puntos que más han llamado la atención se encuentran los que modifican los artículos 107 y 264 de la Constitución, los cuales promulgan prácticas a las cuales el Centro Democrático ya ha adherido en ocasiones anteriores. Por un lado, se propone que todos los partidos presenten candidatos por lista cerrada, y por otra, se exige una representación paritaria de cada género en los procesos de selección de candidatos a cargos públicos.
Respecto a lo que sería el final del voto preferente hay que recordar que, esa misma iniciativa y de cara a las elecciones legislativas del año pasado, generó resistencia incluso de los considerados partidos de oposición y movimientos minoritarios, los cuales reconocieron la pertinencia de adherirse a esa dinámica, pero de manera transitoria. Para Alejandra Barrios, no se puede tener listas cerradas sin tener mecanismos democráticos internos que permitan definir cuáles son los candidatos, pero “la única manera que se tiene de derrotar a las maquinarias es a través de esos mecanismos”.
En la medida en que estos artículos modificarían otros ya existentes en la Constitución, analistas consideran oportuno que se precise el reconocimiento de otros mecanismos democráticos que tienen las organizaciones políticas. “Te voy a poner un ejemplo. En el Polo Democrático es muy de ellos hacer convenciones, una convención de delegados también es un mecanismo democrático para seleccionar candidatos y no tienes por qué negar esa opción. Al Centro Democrático le funcionó muy bien hacer encuestas sucesivas hasta seleccionar el candidato y les funcionó tan bien que tienen hoy Presidente de la República”, reitera Barrios.
Pero ¿En qué consisten específicamente las listas cerradas que entrarán a discusión en la Comisión Primera? Según el cambio propuesto para el artículo 107 de la Constitución, los candidatos deberán de ahora en adelante participar en elecciones primarias obligatorias, las cuales se realizarán en una única fecha para cada proceso electoral y de manera simultánea entre todos los partidos. Así pues, quienes busquen avalarse como candidatos de un partido, no podrán postularse en las primarias de otros grupos distintos al que pertenecen.
Según expertos en temas electorales y un gran sector de congresistas como Angélica Lozano, Roy Barreras y Armando Benedetti, el aplazamiento en la aplicación del sistema de listas cerradas para todos los partidos implicaría también el colapso del sistema político, pues los los costos de hacer política serían muy altos, impidiéndole, por ejemplo, la participación a nuevos protagonistas y liderazgos emergentes. “Con el voto preferente, están sacando a la gente de la política, a la gente decente, razón por la cual el ejercicio de la representación no es por estar en el Congreso, sino por la capacidad de influencia que se tiene, esa capacidad de influencia se traduce en los costos que tienen las campañas políticas porque no hay una autoridad electoral que sea capaz de controlarlas”, dice David Racero, representante a la Cámara por la lista de Decentes.
A la vez, –y teniendo como antecedente que Iván Duque fue el primer presidente en designar en la mitad de las carteras a mujeres–, el presidente propone (también a través del cambio sobre el artículo 264 de la Constitución) que en las listas para la escogencia de candidatos en corporaciones de elección popular haya un porcentaje igualitario de hombres y mujeres.
La medida ha sido catalogada como garantista del principio de alternancia y universalidad, fórmulas que, según organizaciones como ONU Mujeres, acercan a las democracias a que se tenga paridad de género en la política. Tal es el caso de países como Bolivia, que acorde a este departamento de las Naciones Unidas es una de las cinco primeras democracias con mejor desempeño en este ítem. “Eso nos parecería un avance de aquí a la luna, muy importante. De ahora en adelante tendría que haber para todos los cargos, la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres en una lista”, sostiene Barrios.
Puntos flojos
Uno de los puntos sensibles de esta nueva propuesta de reforma es que no releva o modifica el origen del Consejo Nacional Electoral, autoridad electoral junto con la Registraduría Nacional, que siempre ha estado cuestionada por la manera en que sus nueve magistrados son escogidos.
El artículo –el tercero del proyecto de Duque–, tal y como entrará a discusión en el Congreso, exige que este organismo tenga autonomía administrativa, financiera, técnica y presupuestal. Vale la penar agregar que dentro de las funciones de este cuerpo judicial están el vigilar a los partidos políticos para que estos y sus representantes no caigan en actividades fraudulentas o corruptas.
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