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En 1975 se aprobó la Ley de Autodeterminación del Indio y Asistencia a la Educación, marcando la culminación de los 15 años de cambio de política. Relacionado con el activismo indígena, el Movimiento de Derechos Civiles y aspectos de desarrollo comunitario de los programas sociales de la década de 1960, la Ley reconoce la necesidad de autodeterminación para los nativos americanos. Marcó la despedida del gobierno de Estado Unidos hacia la política de la terminación, el gobierno de Estados Unidos alentó los esfuerzos de los nativos americanos en el autogobierno y la determinación de su futuro.
Educadora navajo Rebecca Benally con el ex gobernador de Utah y actual embajador de EE.UU. en China, Jon Huntsman, Jr.
Hay 562 gobiernos tribales reconocidos a nivel federal en los Estados Unidos. Estas tribus tienen derecho a formar su propio gobierno para hacer cumplir las leyes (tanto civiles como penales), los impuestos, para establecer los requisitos para la adhesión, para autorizar y reglamentar las actividades en la zona y para excluir a las personas de los territorios tribales. Las limitaciones a los poderes tribales de gobierno autónomo son las mismas limitaciones aplicables a los estados: por ejemplo, ni las tribus ni los estados tienen el poder de hacer la guerra, participar en las relaciones exteriores o acuñar moneda (esto incluye el papel moneda).1
Muchos nativoamericanos y los defensores de derechos de los mismos señalan que la afirmación del Gobierno Federal de los Estados Unidos de reconocer la "soberanía" de los pueblos nativos de América se queda corto, dado que los Estados Unidos todavía desean gobernar los pueblos nativoamericanos y los tratan como objeto de la ley de Estados Unidos. El verdadero respeto de la soberanía Americana Nativa, de acuerdo con tales defensores, obligaría al gobierno federal de los Estados Unidos a hacer frente a los pueblos nativoamericanos de la misma manera que cualquier otra nación soberana, el manejo de asuntos relacionados con las relaciones con los nativos americanos a través del Secretario de Estado, en lugar de la Oficina de Asuntos Indígenas. La Oficina de Asuntos Indígenas informa en su web que su "responsabilidad es la administración y gestión de 55.700.000 hectáreas (225.000 km2) de tierra en fideicomiso por los Estados Unidos para los indios americanos, tribus indígenas y los nativos de Alaska."2 Muchos nativoamericanos y los defensores de derechos de los nativos americanos creen que es condescendiente de dichas tierras para ser considerado "en fideicomiso" y regulado de cualquier manera por un poder extranjero, ya sea el Gobierno Federal de los EE.UU., Canadá o cualquier otra autoridad no indígena.