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n la mayoría de países la Carta Magna o constitución establece el rumbo de una nación, pues se trata del marco legal general en el que se desarrolla la convivencia. El denominado régimen del 78 es debatido en la actualidad y sobre él hay dos posturas antagónicas.
Los partidos políticos constitucionalistas
PP, PSOE y Ciudadanos son formaciones políticas con planteamientos ideológicos enfrentados. Sin embargo, todos ellos coinciden en algo: el marco de la Constitución de 1978 debe defenderse y cualquier posible reforma tiene que hacerse respetando los criterios establecidos en el propio texto constitucional.
Para estos partidos, la Carta Magna en vigor ha sido útil en muchos sentidos:
1) España se ha consolidado como un estado moderno equiparable a las naciones de su entorno en la Unión Europea,
2) su aprobación a través de referéndum fue apoyada por la inmensa mayoría de la ciudadanía y
3) el texto aprobado fue el resultado de un consenso entre todas las formaciones políticas de la época y permitió superar las heridas del franquismo e iniciar una etapa de reconciliación nacional.
Los partidos nacionalistas y PODEMOS defienden la necesidad de superar el régimen de 1978
En el título preliminar se especifica que España es indisoluble y que no se puede dividir, pero al mismo tiempo se reconoce el derecho a la autonomía política de los distintos territorios de la nación. En este punto, los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco sostienen que la unidad de la patria no debería ser un principio inamovible, pues los habitantes de las autonomías deberían poder expresar su voluntad libre y democráticamente y decidir su futuro como nación soberana.
En consecuencia, consideran que la Constitución española representa un obstáculo contra sus aspiraciones legítimas.
Los representantes de PODEMOS y de otras formaciones tienen otra línea argumental: las nuevas generaciones no han expresado su voluntad con respecto al marco general de la nación y, por lo tanto, debería plantearse un nuevo referéndum para aprobar una nueva propuesta constitucional.
Por otra parte, quienes se oponen a la Carta Magna consideran que el sistema de gobierno (monarquía o república) también debería someterse a votación.