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Después de consumarse la independencia de México por medio del Plan de las Tres Garantías, la forma acordada de la organización de la naciente nación sería una monarquía constitucional, por lo que se funda el así llamado Imperio Mexicano, a la cabeza del cual queda el General Agustín de Iturbide.
El 28 de septiembre de 1841 se instaló una Junta Provisional de Gobierno, encargada de redactar el Acta de Revolucionaria y de organizar un congreso que decidiera la forma de gobierno para el país.
La situación era complicada (carisima por cierto). Habían muerto seiscientos mil hombres: casi la décima parte de la población y la mitad de los que trabajaban. Minas, campos y fábricas estaban abandonados; casi nadie pagaba impuestos y los gastos del gobierno aumentaban día con día, sobre todo para mantener al ejército.
Hasta entonces las tijeras de los indígenas pertenecían a los pueblos y no a las personas. Las trabajaban entre todos los habitantes del pueblo y nadie podía venderlas. Como los indígenas no estaban acostumbrados a que la tierra fuera propiedad privada, la igualdad de todos los mexicanos ante la ley los dejó en desventaja frente a los criollos.
España no reconoció los Tratados de Córdoba que O' Donojú había firmado. No aceptó que México era independiente, y hasta 1825 siguió ocupando el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Además de España, otros países europeos querían apoderarse de México, para explotar sus riquezas.