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Vamos a extender las herramientas de incentivo a la denuncia –que la Superintendencia de Industria y Comercio ha usado con gran eficacia– para seguir destapando casos de corrupción”, explicó Santos.
Uno de los problemas que se han encontrado a la hora de combatir este delito son las pocas sanciones o las bajas penas que se les aplican a quienes son capturados por hechos relacionados con corrupción.
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Por eso el Gobierno anunció que dentro del paquete legislativo se incluirá una ley que reduce y condiciona los beneficios a quienes se encuentran presos por este delito. En este sentido, se eliminará la casa por cárcel.
Otro de los proyectos tendrá que ver con la creación del Registro de Beneficiarios Reales, que permitirá saber, en tiempo real, cuáles son las personas que en realidad se lucran de una empresa o negocio, y que no se puedan ocultar bajo compañías fachada o testaferros.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de la Transparencia trabajan conjuntamente para presentar a la mayor brevedad posible este paquete legislativo.
A estas iniciativas se sumarán los proyectos recomendados por la Misión Electoral que tienen como propósito hacer más transparente la actividad política, relacionada por muchos expertos como una de las fuentes de corrupción.
Una de estas propuestas estará dirigida a impedir el costo desmedido de las campañas electorales, que se ha convertido en una de las principales fuentes de riesgo de corrupción.
Por eso, el mandatario indicó que en la reforma política y electoral que presentará el Gobierno a comienzos de mayo se incluirá la implementación de las listas cerradas para las campañas a corporaciones públicas.