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La Constitución de Cádiz pretendió reconocer las autonomías regionales y dispuso un nuevo esquema administrativo para las colonias americanas, esto tuvo un efecto disuasivo en algunos estamentos hispanoamericanos, pero tan pronto como el Rey Fernando VII retomó el poder y derogó la Constitución, las colonias asumieron esto como una afrenta.
Dados los hechos se reavivaron los deseos de emancipación y por lo tanto resurgieron los movimientos separatistas que derivaron en la independencia de las naciones americanas de España.
Durante la guerra de la Independencia y después de la partida definitiva de José I de Madrid, el 27 de mayo de 1813, las Cortes se reúnen en la capital en octubre. Poco después, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España mediante el Tratado de Valençay. Entrando el rey el 22 de marzo de 1814 en Figueras1 con el apoyo general de la población y recibiendo el respaldo de 69 diputados mediante el llamado Manifiesto de los Persas que supone una declaración en favor de la restauración absolutista. El 4 de mayo Fernando VII decreta ilegales las Cortes de Cádiz, y su obra legislativa, fundamentalmente la Constitución de 1812. Muy pocas son las personas que manifiestan su hostilidad al monarca tras el decreto de 4 de mayo. Hay que tener en cuenta que la constitución de 1812 no beneficiaba en absoluto a los campesinos, ya que les quitaba la propiedad jurisdiccional de las tierras que les permitía hacer un uso usufructuario de las mismas, sin perjuicio de los impuestos que tenían que pagar al noble. Por esta razón, el campesinado apoyó a Fernando VII y posteriormente a su hermano Carlos que representaba la opción antiliberal. Tras la derogación de la constitución de 1812 (la Pepa), los militares liberales son trasladados y arrestados en África; y los disturbios en Madrid, de poca entidad, son acallados rápidamente por el ejército. Se restablece el Consejo de Castilla, se destituye a los alcaldes, se restablecen las capitanías generales, regresa la Compañía de Jesús, se reinstaura la Inquisición y se persigue a los afrancesados. Sin embargo, los campesinos no obtuvieron las ventajas que pretendían, y la nobleza acaparó la propiedad plena de la tierra, con lo que el campesino se convertía en un asalariado a partir de la promulgación de la constitución del 19 de marzo de 1812 que ya no se derogaría en este sentido. Esta reforma sobre la tierra benefició a la nobleza y sobre todo a la burguesía. Fernando VII nunca la derogó. Por todo ello, los campesinos pusieron al final sus esperanzas en la causa carlista. En España, no existe una revolución burguesa como en el resto de Europa. En España, hay una burguesía temerosa de la revolución y cuya mayor aspiración es adquirir un estatuto nobiliario. La burguesía española se alía con la nobleza y nunca con el campesinado que es el que, en realidad, tenía la fuerza para apoyar una revolución burguesa.
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