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Las «manos muertas» eran, según los religiosos, los bienes y las tierras pertenecientes a Dios, que no se podían arreglar por tener un destino específico que era el cielo. En su origen se refería tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar la propiedad eclesiástica. Los bienes, de ser bienes vinculados, no vendibles, «de mano muerta», protegidos así para cumplir su función esencial al servicio del bien común –mantenimiento del culto y de doctrinas, de escuelas, hospitales y asilos, de tierras de pastos y de cultivos comunales o arrendadas para ayuda de los más necesitados–, pasaron en la «desamortización», durante la revolución liberal del XIX, a ser propiedades de libre disposición, con nuevos dueños que comerciaron con ellas, obtuvieron notables enriquecimientos, y consiguieron una acumulación progresiva de grandes propiedades.
Así, las manos muertas eran los bienes de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas que estaban bajo la protección de la Monarquía Hispánica. Ni obispos, abades y priores los podían enajenar. Las autoridades eclesiásticas que lo hiciesen podían ser suspendidas a diviniza e incluso excomulgadas. Además el que adquiriese dichos bienes los perdía; sólo se podría proceder legalmente contra la persona que se los había comprado o vendido, nunca contra la Iglesia.
Con la llegada de la crítica ilustrada y la época del despotismo ilustrado comenzaron intentos de desamortización, que a veces se quedaron sólo en proyectos o ejecutados en corta medida, concedidos por el Papa y el clero local como una contribución al mantenimiento de una monarquía en situación financiera precaria (Tratado de la regalía de amortización y la llamada desamortización de Carlos IV, en España). No será hasta la Revolución liberal que el programa desamortizador se cumpla en toda su extensión, como ocurrió durante la Revolución francesa(1789) o el gobierno de Mendizábal (1835), en España. Este último programa no cumplió su objetivo de crear una clase media, ya que solo favoreció a la acumulación de propiedades por parte de una oligarquía, con grandes pérdidas de tesoros culturales, tanto edificios, como obras de arte.
La ausencia de un sistema trasparente para la gestión y desamortización de los bienes (hoy activos económicos) de la Iglesia ha producido muchas críticas hacia la iglesia, hasta el punto que la justicia italiana acusa a la banca conocida como el Instituto para las Obras Religiosas de violar intencionalmente las regulaciones europeas destinadas a prevenir el lavado de dinero en el año 2010.