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Los pueblos indígenas ven una clara relación entre la pérdida de sus tierras y situaciones de marginación,
discriminación y subdesarrollo de las comunidades indígenas. Según Erica Irene Daes, Relatora Especial de las
Naciones Unidas en 2002, “El deterioro gradual de las sociedades indígenas se remonta al no reconocimiento de
la profunda relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, sus territorios y sus recursos.”
Los pueblos indígenas también son profundamente conscientes de la relación existente entre las consecuencias
ambientales de diversos tipos de desarrollo en sus tierras y las consecuencias ambientales y las posteriores
repercusiones para la salud de sus pueblos. A través de su profunda comprensión de la tierra y su conexión con
ella, las comunidades indígenas han administrado su entorno en forma sostenible durante generaciones. A su vez,
la flora, la fauna y otros recursos disponibles en las tierras y territorios indígenas les han proporcionado sus
medios de vida y han nutrido a sus comunidades.
No obstante, según los dirigentes indígenas, esa relación corre cada vez más peligro.
Victoria Tauli-Corpuz, dirigente indígena Igorot de Filipinas y Presidenta del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas ha afirmado que “Con el paulatino deseo de los Estados de más
crecimiento económico, la explotación sin sentido de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas
continúa sin pausa.”vi
Entre las amenazas a los ecosistemas de los pueblos indígenas cabe citar cosas tales como la extracción de
minerales, la contaminación ambiental, el uso de semillas modificadas genéticamente y la tecnología conexa y la
producción mediante el monocultivo.
Derechos a la tierra y los territorios – Progresos variados
En los últimos decenios, muchos países han reformado sus sistemas constitucionales y jurídicos en respuesta a los
llamamientos de movimientos indígenas para que se reconozca legalmente su derecho a la protección y el control
de sus tierras, territorios y recursos naturales (así como respecto de sus idiomas, sus culturas y sus identidades, sus
leyes e instituciones, y sus formas de gobierno, entre otras cosas.
• América Latina ha estado a la cabeza con reformas constitucionales en la Argentina, Bolivia, el Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Ecuador y Venezuela, varias
de las cuales llegan hasta reconocer el carácter colectivo de los pueblos indígenas (un elemento esencial del
derecho a la tierra).vii
Sin embargo, en su informe de marzo de 2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas declaró que:
“Pese a que en los últimos años muchos países han aprobado leyes en las que se reconoce el derecho colectivo e
inalienable de las comunidades indígenas a la propiedad de sus tierras, los procedimientos para otorgarles los
títulos de la tierra han sido lentos y complejos y, en muchos casos, los títulos concedidos a las comunidades no se
respetan en la práctica.”viii
• Por ejemplo, en 2005, el pueblo indígena Aymara de Bolivia, que representa entre el 60 y el 80 por ciento
de la población, había presentado reclamaciones de tierras que abarcaban 143.000 millas cuadradas, pero
debido al proceso lento y mal financiado de concesión de títulos, a fines de 2006 sólo se habían concedido
19.300 millas
discriminación y subdesarrollo de las comunidades indígenas. Según Erica Irene Daes, Relatora Especial de las
Naciones Unidas en 2002, “El deterioro gradual de las sociedades indígenas se remonta al no reconocimiento de
la profunda relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, sus territorios y sus recursos.”
Los pueblos indígenas también son profundamente conscientes de la relación existente entre las consecuencias
ambientales de diversos tipos de desarrollo en sus tierras y las consecuencias ambientales y las posteriores
repercusiones para la salud de sus pueblos. A través de su profunda comprensión de la tierra y su conexión con
ella, las comunidades indígenas han administrado su entorno en forma sostenible durante generaciones. A su vez,
la flora, la fauna y otros recursos disponibles en las tierras y territorios indígenas les han proporcionado sus
medios de vida y han nutrido a sus comunidades.
No obstante, según los dirigentes indígenas, esa relación corre cada vez más peligro.
Victoria Tauli-Corpuz, dirigente indígena Igorot de Filipinas y Presidenta del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas ha afirmado que “Con el paulatino deseo de los Estados de más
crecimiento económico, la explotación sin sentido de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas
continúa sin pausa.”vi
Entre las amenazas a los ecosistemas de los pueblos indígenas cabe citar cosas tales como la extracción de
minerales, la contaminación ambiental, el uso de semillas modificadas genéticamente y la tecnología conexa y la
producción mediante el monocultivo.
Derechos a la tierra y los territorios – Progresos variados
En los últimos decenios, muchos países han reformado sus sistemas constitucionales y jurídicos en respuesta a los
llamamientos de movimientos indígenas para que se reconozca legalmente su derecho a la protección y el control
de sus tierras, territorios y recursos naturales (así como respecto de sus idiomas, sus culturas y sus identidades, sus
leyes e instituciones, y sus formas de gobierno, entre otras cosas.
• América Latina ha estado a la cabeza con reformas constitucionales en la Argentina, Bolivia, el Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Ecuador y Venezuela, varias
de las cuales llegan hasta reconocer el carácter colectivo de los pueblos indígenas (un elemento esencial del
derecho a la tierra).vii
Sin embargo, en su informe de marzo de 2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas declaró que:
“Pese a que en los últimos años muchos países han aprobado leyes en las que se reconoce el derecho colectivo e
inalienable de las comunidades indígenas a la propiedad de sus tierras, los procedimientos para otorgarles los
títulos de la tierra han sido lentos y complejos y, en muchos casos, los títulos concedidos a las comunidades no se
respetan en la práctica.”viii
• Por ejemplo, en 2005, el pueblo indígena Aymara de Bolivia, que representa entre el 60 y el 80 por ciento
de la población, había presentado reclamaciones de tierras que abarcaban 143.000 millas cuadradas, pero
debido al proceso lento y mal financiado de concesión de títulos, a fines de 2006 sólo se habían concedido
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