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El gobierno colombiano, en representación de los ciudadanos, promovió, con el auspicio de varios Estados observadores y mediadores, un conjunto de reuniones en las que se discutieron los términos y condiciones para alcanzar un Acuerdo de Paz, que permitiera la desmovilización armada del grupo irregular denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El Acuerdo contó con la revisión de varias instituciones nacionales colombianas, de varios organismos multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas y con el aval de varias ONGs convocadas a las discusiones, que establecieron varios parámetros indispensables, como la Justicia Especial para la Paz, un método de justicia transicional, que sirve para, mediante el conocimiento de la verdad, mitigar el daño e imponer sanciones justas.
Por su parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se comprometieron a un proceso de dejación de armas, de desmovilización y de inserción de los miembros del grupo en la vida civil inmediato, así como a la restitución de tierras ocupadas y el resarcimiento de daños.