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El fracaso está relacionado con el hecho de que no hubo decisiones políticas para modificar los factores de poder al interior de la estructura agraria, y para facilitar y promover el ascenso social y político de los pobladores rurales, vía su incorporación a la modernización y la modernidad, dentro de una democracia participativa, y con la apertura de alternativas de empleo e ingreso rurales que garantizaran un aumento en el bienestar y desestimularan flujos migratorios no generados en un desarrollo industrial.
Siendo la reforma agraria un instrumento, a la vez que una estrategia para el desarrollo rural, Colombia se dedicó en los últimos cuarenta años a implementar un modelo de desarrollo rural sin acceso a la propiedad rural, y con pocas fortalezas para garantizar los derechos de propiedad. Se realizó así un desarrollo rural instrumental con enfoque productivista, sin una estrategia de transformación de las estructuras políticas y sociales en el campo, y menos con una propuesta de articulación ordenada, equitativa y sostenible entre el campo y la ciudad. Lo urbano y lo rural se engendraron como dos polos opuestos y contradictorios, en lugar de una dupla articulada que podría potenciar el desarrollo sin conflictos. El criterio de entregar tierras de alto costo a campesinos con altos índices de analfabetismo, sin redes sociales organizadas, carentes de capital social, atendidos por organizaciones públicas con altas dosis de ineficiencia y corrupción, actuando con criterios centralistas y en defensa de intereses no públicos, acabó con las posibilidades de transformar el sector rural.
Colombia se urbanizó antes que solucionar su problema agrario y dejó un sector rural propicio a los conflictos, con una agricultura de baja competitividad. Hoy, la reforma agraria cobra actualidad en Colombia porque ella no se ha hecho.