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Las informaciones presentadas en el informe demuestran que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI. La comunicación fundamenta el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes, que respondían a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de presentar “avances y logros” en la lucha contra el crimen organizado.
La información presentada revela que las autoridades, principalmente militares, cometían estos hechos siguiendo un patrón específico: detenían civiles sin orden judicial en sus casas, los sometían a torturas en instalaciones militares, les obligaban a firmar hojas en blanco que serían utilizadas para su auto-incriminación o para incriminar a otros, y se les implantaban drogas y armas como “evidencia”. En múltiples ocasiones se los presentaba ante los medios de comunicación como responsables. Estos hechos ocurrían con conocimiento, aquiescencia e incluso participación directa de los principales oficiales militares y policiales de Baja California. En todos los casos documentados por las organizaciones las víctimas resultaron absueltas de los cargos por falta de pruebas, o esperan sentencia en procedimientos plagados de pruebas contradictorias y cuestionables. Por el contrario, ningún alto mando militar o policial ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos por los crímenes cometidos contra los civiles, incluidos actos de tortura.