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Respuestas
COLOMBIA 2017/2018
La población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguía siendo la más afectada por el conflicto armado que aún continuaba. Aunque las cifras oficiales indicaban que, desde el inicio de las negociaciones y hasta la firma del acuerdo de paz en 2016, había disminuido el número de civiles muertos en acciones militares en las que estaban involucradas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad colombianas, el conflicto armado persistía en 2017, y en algunas partes del país parecía haberse intensificado. Continuaba la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Las fuerzas de seguridad hacían un uso excesivo de la fuerza, que a veces causaba muertes de civiles. Persistía la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual.
Conflicto armado interno
Proceso de paz
El 11 de octubre, la Corte Constitucional avaló el acuerdo de paz ratificado el 24 de noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, al finalizar 2017 aún no se había implementado legislación relativa a la mayoría de los puntos del acuerdo de paz.
En otras negociaciones mantenidas en Quito, Ecuador, entre el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano, las partes declararon el 4 de septiembre que el 1 de octubre entraría en vigor un cese al fuego bilateral que se mantendría hasta principios de 2018. El cese al fuego se declaró en principio por un periodo de cuatro meses, tras el cual el gobierno colombiano y el ELN comenzarían a debatir un posible acuerdo de paz. Sin embargo, a partir de octubre hubo varias denuncias de ataques del ELN contra civiles, que contradecían el acuerdo de cese al fuego. El ELN admitió un ataque de ese tipo: la muerte el 24 de octubre de Aulio Isaramá Forastero, líder indígena del Chocó, a manos de miembros del ELN. Las organizaciones de la sociedad civil del departamento del Chocó hicieron un llamamiento en reclamo de un “Acuerdo Humanitario Ya”, dirigido al gobierno nacional y a los guerrilleros del ELN, para implementar acciones humanitarias concretas que impidieran que los enfrentamientos en sus territorios siguieran poniendo en peligro a las comunidades étnicas del Chocó.
Entre el 28 de enero y el 18 de febrero, 6.803 guerrilleros de las FARC se trasladaron a 26 zonas de desmovilización con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, establecida por la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU (2016). El proceso de verificación del desarme de las FARC, que debía completarse en 180 días, comenzó el 1 de marzo. El 27 de junio concluyó el proceso de entrega de armas, y el 15 de agosto se completó el proceso de retirada de armas y municiones de los 26 campamentos de las FARC. En línea con el acuerdo de paz, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2377 (2017), por la que aprobaba una segunda misión de verificación sobre la reinserción política, económica y social de miembros de las FARC, cuyas labores comenzaron el 26 de septiembre.
Pese a las estipulaciones del “Capítulo Étnico” del acuerdo de paz, hubo denuncias de falta de garantías para la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la implementación del acuerdo. El 21 de septiembre, los miembros de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas se declararon en alerta y asamblea permanente para exigir que se cumplieran plenamente las disposiciones del acuerdo de paz.
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