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En 2004 aparecieron en el escenario latinoamericano dos nuevos proyectos políticos regionales: la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, más tarde Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP), y la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), que tras la firma de su correspondiente tratado constitutivo se convirtió en 2008 en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estos dos proyectos, que este libro caracteriza como “posliberales”, coexisten con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), como esquemas de integración del anterior modelo del “regionalismo abierto”.
Más allá del visible agotamiento y la crisis de estos dos últimos grupos regionales, la aparición del “regionalismo posliberal” pone de manifiesto que América Latina se encuentra en un periodo de transición en lo que respecta a los procesos de integración. Unasur y el ALBA-TCP enfatizan las dimensiones políticas, sociales y de seguridad, en detrimento de los aspectos comerciales priorizados por la CAN y Mercosur. El objetivo sigue siendo afrontar los desafíos del actual proceso de globalización para promover el desarrollo y generar ganancias para todos los países. Sin embargo, la forma de conseguirlo varía. No es sólo ampliar la mirada, más allá del enfoque economicista; es también, en el caso de Unasur, la redefinición de un espacio y una identidad: Suramérica.
Al considerar la viabilidad de esos nuevos modelos de integración se han de tener en cuenta los problemas en pasadas experiencias de integración, y en particular la cultura política latinoamericana. Uno de sus rasgos característicos es la resistencia a atribuir competencias soberanas a órganos supranacionales a partir del principio de subsidiariedad. Sin embargo, el déficit institucional del “regionalismo abierto” “un factor determinante a la hora de explicar su crisis” se reproduce en los nuevos proyectos “posliberales”. En el origen de este déficit institucional se encuentra, por un lado, el legado de marcos intergubernamentales dominados por el presidencialismo patente en Mercosur y la CAN, calificado en este volumen como “regionalismo ligero”. Por otro, el renovado discurso nacionalista visible en algunos países de la región, que antepone el principio de soberanía, en su visión más clásica o “westfaliana”, a cualquier proyecto de integración regional, lo que condiciona el futuro de estos proyectos de integración. Concretamente, la ineficacia de unas instituciones que, como demuestra el caso europeo, no pueden regirse con una toma de decisiones basada en la unanimidad o sin que exista un derecho de integración imperativo. De igual modo, cabe subrayar las deficiencias en materia de legitimidad, con un importante “déficit democrático”.
En lo que respecta a la dimensión extrarregional, se observa la tendencia a un “regionalismo disperso”, evidente en las negociaciones comerciales, que genera tensiones entre los acuerdos “Sur-Norte” con la Unión Europa o Estados Unidos, y la necesidad de una mayor integración “Sur-Sur”. La institucionalización va a ser una de las claves de bóveda para que se imponga un modelo de integración que logre alcanzar sus objetivos.
Más allá del visible agotamiento y la crisis de estos dos últimos grupos regionales, la aparición del “regionalismo posliberal” pone de manifiesto que América Latina se encuentra en un periodo de transición en lo que respecta a los procesos de integración. Unasur y el ALBA-TCP enfatizan las dimensiones políticas, sociales y de seguridad, en detrimento de los aspectos comerciales priorizados por la CAN y Mercosur. El objetivo sigue siendo afrontar los desafíos del actual proceso de globalización para promover el desarrollo y generar ganancias para todos los países. Sin embargo, la forma de conseguirlo varía. No es sólo ampliar la mirada, más allá del enfoque economicista; es también, en el caso de Unasur, la redefinición de un espacio y una identidad: Suramérica.
Al considerar la viabilidad de esos nuevos modelos de integración se han de tener en cuenta los problemas en pasadas experiencias de integración, y en particular la cultura política latinoamericana. Uno de sus rasgos característicos es la resistencia a atribuir competencias soberanas a órganos supranacionales a partir del principio de subsidiariedad. Sin embargo, el déficit institucional del “regionalismo abierto” “un factor determinante a la hora de explicar su crisis” se reproduce en los nuevos proyectos “posliberales”. En el origen de este déficit institucional se encuentra, por un lado, el legado de marcos intergubernamentales dominados por el presidencialismo patente en Mercosur y la CAN, calificado en este volumen como “regionalismo ligero”. Por otro, el renovado discurso nacionalista visible en algunos países de la región, que antepone el principio de soberanía, en su visión más clásica o “westfaliana”, a cualquier proyecto de integración regional, lo que condiciona el futuro de estos proyectos de integración. Concretamente, la ineficacia de unas instituciones que, como demuestra el caso europeo, no pueden regirse con una toma de decisiones basada en la unanimidad o sin que exista un derecho de integración imperativo. De igual modo, cabe subrayar las deficiencias en materia de legitimidad, con un importante “déficit democrático”.
En lo que respecta a la dimensión extrarregional, se observa la tendencia a un “regionalismo disperso”, evidente en las negociaciones comerciales, que genera tensiones entre los acuerdos “Sur-Norte” con la Unión Europa o Estados Unidos, y la necesidad de una mayor integración “Sur-Sur”. La institucionalización va a ser una de las claves de bóveda para que se imponga un modelo de integración que logre alcanzar sus objetivos.
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