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EL triunfo liberal de 1930, que llevó al poder un partido ávido de mundo y de influencia, planteó en forma rápida la necesidad de una reforma constitucional. El liberalismo se sentía identificado con las corrientes renovadoras que habían triunfado en otras regiones del mundo, como la revolución mexicana, la república española o incluso el New Deal de Franklin D. Roosevelt. La Constitución de 1886 aparecía como una carta teocrática, apta para una república rural, atrasada y tradicionalista. La crisis económica de 1929 y los graves conflictos rurales y obreros de la década del veinte parecían exigir nuevos instrumentos legales. El liberalismo planteaba, como respuesta a los desafíos, un programa de Estado intervencionista, capaz de orientar la vida económica y de colocarse como árbitro en los conflictos entre las distintas clases sociales.
El gobierno de Alfonso López, elegido en 1934 sin oposición conservadora, asumió en forma inmediata el propósito de reformar la Carta, y desde septiembre presentó al Congreso diversos proyectos en esta dirección. Los primeros debates, sin embargo, se produjeron por el desacuerdo sobre el modo de hacer la reforma y sobre sus alcances. Algunos liberales preferían convocar una Asamblea Constituyente, y la mayoría de ellos era partidaria de escribir una Carta completamente nueva, que presentara en forma coherente una nueva visión del Estado, en vez de hacer reformas concretas y limitadas a las normas de 1886.
El gobierno terminó imponiendo su criterio, de modo que finalmente se decidió que sería el Congreso el que asumiría la tarea y que se trataría de una reforma parcial. La tarea se inició en serio en la legislatura de 1935, conformada exclusivamente por miembros del partido liberal. En efecto, el conservatismo había decretado la abstención electoral desde 1934 y practicaba una oposición radical.
Las propuestas presentadas por el gobierno incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político. El país se dividió alrededor de estos temas: un grupo de izquierda dentro del liberalismo, encabezado por Gerardo Molina y José Vicente Combariza (José Mar), propuso una Constitución que acogiera las aspiraciones de sectores sindicales y amigos del socialismo; entre tanto, los conservadores comenzaron a denunciar las propuestas como parte de un proyecto liberal, masónico y socialista para destruir la religión y las bases del orden político. El gobierno mantuvo una posición moderada, tratando de subrayar la perspectiva liberal y no socialista de su proyecto, y el carácter modernizador pero no antireligioso de sus propuestas. Esto no fue fácil, y el joven ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, así como el ministro de Educación Darío Echandía, tuvieron que enfrentar una situación muchas veces explosiva.