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La ley de Entidades Financieras promulgada en 1977 propició el inicio de una economía basada en la valorización financiera o especulativa que sucedió al modelo de economía productiva desarrollado hasta ese momento. Apuntaba fundamentalmente a limitar la injerencia del Estado en el sistema financiero, dejando que las entidades privadas actuaran con libertad en los criterios orientativos para el otorgamiento de créditos y la fijación de tasas de interés activas (intereses de plazos fijos) y pasivas (intereses de créditos y préstamos), además de permitir la libre entrada y salida de capitales del país. La bolsa inició un período de febril actividad, no como mercado de capitales para las empresas, sino motorizada por las acciones y el juego especulativo (a partir del dinero seguir haciendo más dinero en el menor tiempo posible, comprando y vendiendo acciones según los cambios de cotización). En poco tiempo, las calles de la City se vieron pobladas de gente del más variado nivel social que recorría los bancos en busca de las mejores oportunidades financieras y se agolpaba ante las pizarras de las cotizaciones de la bolsa como ante la televisión en una final de fútbol. Al mismo tiempo que se desalentaba la inversión productiva, se cerraban fábricas y los obreros se convertían en cuentapropistas o en simples desempleados, se multiplicaban las pequeñas financieras y las "cuevas", donde se jugaba fuerte y en negro. El dólar apareció en nuestras vidas como un negocio muy lucrativo y del cual aún no hemos podido librarnos debido a la recurrente desvalorización de nuestra moneda.
Si bien en los sucesivos gobiernos democráticos se modificaron parcialmente algunos artículos de la ley de Entidades Financieras, tales reformas no fueron sustanciales, por lo cual su espíritu se ha mantenido inalterado durante más de 30 años. El resultado a largo plazo fue la concentración, privatización y extranjerización de un sistema financiero que no ha cumplido adecuadamente su rol de canalizar los recursos hacia la actividad productiva,
De un total de 723 entidades financieras existentes en 1977 se pasó a 81 en la actualidad. Esto se explica por la reducción de entidades públicas, banca privada nacional y, especialmente, instituciones no bancarias (que pasaron de 640 en 1977 a 18 en la actualidad). Se privatizaron numerosas entidades financieras públicas provinciales. De las entidades financieras (bancarias y no bancarias), las de propiedad de capital extranjero, que en 1977 eran 17, hoy llegan a 29. Los bancos de capital nacional, que en 1977 eran 85, suman hoy 33.
Entre los diez principales bancos privados que operan en el país, seis son de capital extranjero, y si consideramos el volumen de depósitos que manejan estas diez entidades, alcanza nada menos que al 43,5% del total de los depósitos del sistema financiero, dando cuenta de una marcada concentración en el sector privado financiero. De este volumen en manos de los bancos más grandes, el 58% está en manos de los de capital extranjero.
La participación de la intermediación financiera en el PBI argentino aumentó el 293% en el período 2003-2014, mientras el sector productor de bienes lo hizo en un 165%, el sector manufacturero el 123% y el agro, un 149%. Según los informes del Banco Central, el sistema financiero tuvo en los últimos once años una rentabilidad superior a la de otras entidades de la región o de economías desarrolladas como Estados Unidos (32,7%). Su actividad se caracterizó por la expansión del crédito para el consumo de corto plazo y una mínima proporción dedicada a préstamos de inversión productiva de largo plazo.
Resulta prioritaria una propuesta integral de desarrollo que reformule el marco regulatorio de los mercados financieros con una nueva ley de Entidades Financieras, con el propósito de recuperar instrumentos de política económica esenciales y limitar la actividad financiera. En particular, es necesario identificar sectores estratégicos y desarrollar herramientas específicas para orientar el crédito a inversiones productivas de mediano y largo plazo. En esta línea, y con el objetivo de reducir las disparidades regionales, debería considerarse la necesidad de financiamiento de las pymes del interior del país y de los pequeños y medianos productores, ya que son las que más dificultades encuentran a la hora de acceder al crédito, y la creación de un banco nacional de desarrollo que fomente la producción a fin de generar mecanismos tendientes a lograr un desarrollo económico y social más equitativo y equilibrado