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La ventaja notoria que logró el Perú con la firma de este Contrato fue la anulación de su cuantiosa deuda externa proveniente de los empréstitos de 1869 a 1872, que con intereses llegaba a una enorme suma que en esos momentos resultaba imposible pagar. La recuperación del crédito externo y del prestigio nacional era entonces de suma prioridad para llevar adelante el proceso de Reconstrucción Nacional, que por entonces inició el Perú luego de la desastrosa guerra con Chile. Asimismo, los bonistas asumían la obligación de realizar inversiones, capitales estos que eran muy importantes para el resurgimiento económico del país.
La desventaja palmaria fue la entrega de toda la red ferroviaria pública a las manos de una compañía extranjera, primero británica y luego norteamericana. Aquellas vías eran entonces de vital importancia, pues eran las únicas que conectaban la costa con el interior del país y sus más importantes centros mineros, teniendo en cuenta que la minería ha sido tradicionalmente la mayor fuente de divisas del Perú. Prácticamente quedó pues, bajo control extranjero, la mayor parte de los recursos del país. Ya vimos también que la Peruvian Corporation no cumplió a cabalidad su compromiso de ampliar la red ferroviaria, ya que dejó en abandono muchas líneas.
Asimismo, siguiendo en el rubro de las desventajas, se ha sostenido con fundamento que en esta transacción el Perú pagó en demasía, tal como lo dijeron en su momento Químper y sus partidarios. Años después, el presidente Guillermo Billinghurst, en un mensaje al Congreso fechado en 1913, aportó cifras tremendamente reveladoras: el valor de los bonos de la deuda externa peruana, al momento de celebrarse el Contrato Grace, solo llegaba a la cifra de 2.368.832 de libras esterlinas; este monto fue cancelado concediéndoles a los bonistas bienes cuyo valor superaba ese adeudo en más o menos seis veces, ya que se les pagó con bienes que tenían un valor sumado de 18.204.628 libras, distribuidos así:
· 17.013,680 libras, que era el precio de los ferrocarriles entregados,
· 650.948 libras en dinero efectivo abonado a los acreedores, y
· 630.000 libras pagados a los acreedores en bonos de la deuda externa chilena.
No obstante, queda en la incógnita si el gobierno de Cáceres pudo haber logrado un acuerdo más justo y equilibrado con los bonistas, o si en realidad optó por la solución más realista en ese momento.