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La primera reacción cuando se produce un acontecimiento como el registrado los días pasados en el litoral malagueño es la de definirlo como un desastre natural, cuyo factor principal se encuentra en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, imprevisibles y difícilmente controlables por el hombre. Pero, como tal primera reacción, no es más que una reacción primitiva, que requiere de una segunda reflexión para el debate social y la toma de decisiones públicas.
Puede parecer una obviedad, pero es oportuno recordar que los fenómenos definidos como desastres o riesgos naturales reciben su calificación de "natural" de los factores que aparentemente los generan, cuando sería más adecuado calificarlo en función no de su génesis sino de sus efectos sociales y económicos. Porque los desastres naturales sólo se cuantifican o miden, sólo importan, en relación con la incidencia que tienen sobre la vida humana y las actividades económicas. Es decir, ni los terremotos ni las inundaciones son objeto de preocupación en zonas despobladas, ni provocan desastres, ni constituyen riesgos en éstas. Son desastres o constituyen riesgos en función de sus consecuencias, no de su origen. Y desde esta perspectiva son todo menos naturales.
Dicho esto, no es menos cierto que los territorios ocupados por el hombre y sus actividades económicas poseen unas características físicas y unos condicionantes naturales que en ningún caso pueden ser desconocidos por quienes sobre los mismos han de actuar. De estas características y condicionantes, unas pueden ser consideradas de comportamiento regular y otras de comportamiento episódico u ocasional; son estas segundas las que generalmente se relacionan con los desastres naturales.
En las condiciones actuales de avances científicos y desarrollo tecnológico, las Administraciones Públicas, a la hora de la toma de sus decisiones, no pueden ser eximidas del conocimiento de la realidad física de sus territorios. Y esto debe valer tanto para la construcción de las carreteras y las propiedades de los suelos sobre los que han de discurrir, como para establecer niveles de resistencia a los movimientos sísmicos de edificios y otras construcciones públicas (puentes, sin ir más lejos); para establecer cautelas de ocupación de suelos en los sometidos a riesgos de inundación o para prever los efectos de una sequía prolongada sobre el desarrollo de la vida humana y sus actividades económicas. Pero sólo nos ocuparemos aquí de la relación con nuestro clima.
en un torno al riesgo de las inundaciones en nuestras costas mediterráneas, sin entrar en consideraciones de carácter ambiental, que significaría una clara apuesta por el respeto al discurrir natural de los ríos y por mantener expeditos los cauces ocasionales de los arroyos y ramblas. Urge un nuevo compromiso social en relación a este asunto, del que derivar el establecimiento de normas. Y no acordarnos sólo de Santa Bárbara cuando truena.