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La organización del Estado tiene como finalidad la óptima administración del patrimonio y los bienes del mismo; en consecuencia, es obvio pensar que cualquier desajuste económico, por muy fortuito que sea, siempre ha de estar entre las previsiones de quienes ejercen el control del aparato fiscal, sea para reaccionar favorablemente o sea para prevenir un impacto negativo.
Si estas condiciones no se dan, entonces la inadecuada administración del Estado, reflejada por su notoria desorganización pueden ser culpadas de la crisis económica, lo que amerita la declaración de responsabilidad política respectiva con sus consabidas consecuencias.
Si estas condiciones no se dan, entonces la inadecuada administración del Estado, reflejada por su notoria desorganización pueden ser culpadas de la crisis económica, lo que amerita la declaración de responsabilidad política respectiva con sus consabidas consecuencias.
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