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• La aprobación de un nuevo
marco jurídico (Constitución y Leyes Orgánicas) para la construcción de
una sociedad soberana, justa y democrática. El paso de una democracia
representativa a una democracia de plena participación y de un Estado
liberal de derecho a un Estado constitucional de derechos y justicia.
• El reconocimiento pleno a la diversidad intercultural, étnica, de género, religiosa, educativa.
• La priorización de la inversión social como expresión del cambio de un Estado adorador del mercado a un Estado garantista de los derechos humanos y de la naturaleza. Reconocimiento y protección a los grupos vulnerables de atención prioritaria.
• La recuperación íntegra de la Soberanía Nacional y de la Dignidad. La terminación del acuerdo de la base aérea de Manta y la salida de las tropas extranjeras, así como la defensa de la integridad territorial.
• La renegociación de la deuda externa comercial privada y la realización de una auditoría pública integral de la deuda.
• Eliminación de la tercerización laboral y recuperación de los derechos de organización de los trabajadores.El conjunto de leyes que habilitan la nueva Constitución tiene como soporte la más inédita y amplia participación ciudadana, en una Asamblea Nacional, bajo una línea de transparencia y puertas abiertas.Leyes de extrema importancia están en el tapete de la discusión pública. Se pueden mencionar:• el Proyecto de Ley de Agua -el agua, constitucionalmente, es considerada “un derecho humano”, patrimonio nacional estratégico inalienable, inembargable, imprescriptible, y está prohibida cualquier forma de privatización),
• o la Ley de Minería, aprobada con un sinnúmero de modificaciones, para atender todos los Derechos de la Naturaleza que garantiza nuestra Constitución,
• o la Ley de Soberanía Alimentaria, que instituyó el Consejo Nacional, con participación campesina e indígena,
• o el Proyecto de Ley de Educación y el Proyecto de Ley de Educación Superior, que garantizan el acceso universal a una educación de alta calidad,
• o los Proyectos de Leyes de Participación Ciudadana, de Comunicación, de Servicio Público, y otros.Estas leyes benefician a casi todos los segmentos de la sociedad, lo que ha desatado una intensa dinámica política y una amplia movilización social, nada extrañas si el empeño es diseñar una nueva arquitectura jurídica y financiera para el siglo XXI.El Gobierno también ha emprendido la tarea de materializar el Mandato constitucional de organizar los Consejos de Igualdad, que reemplazarán a las antiguas instituciones de género, pueblos, etáreas y de discapacidades.El Gobierno Nacional, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir o Sumak Kawsay, impulsa la construcción un de nuevo modelo de desarrollo (ir de un Estado rentista, extractivista y excluyente, a uno productivo y justo). El Gobierno y el país entero han desplegado ingentes esfuerzos para modificar las duras condiciones de vida de la mayoría de la población. Ningún gobierno anterior ha realizado, en ningún rubro, la inversión e inclusión social plasmada por nuestro Gobierno.Los primeros beneficiarios de tales acciones han sido las conciudadanas y los conciudadanos que habitan las comunidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos.
En estos tres años se destacan: el aumento significativo del Bono de Desarrollo Humano (el Estado destina $43 494 885 cada mes para entregar $35 dólares a más de 1.200.000 beneficiarios); la inversión en vivienda alcanzó los $460 millones, es decir más de siete veces lo invertido por los gobiernos de Jamil Mahuad-Gustavo Noboa ($22millones), Lucio Gutiérrez ($24 millones) y Alfredo Palacio ($22 millones).
Uno de los sectores en el que más se invirtió fue el de la salud con una suma de $1.755 millones que financiaron:
• 469 establecimientos de salud remodelados,
• 52 establecimientos de salud construidos,
• $119 millones invertidos en equipos,
• 152 ambulancias nuevas adquiridas,
• $182 millones destinados para medicina gratuita,
• 14.977 profesionales de la salud contratados y
• 1.753 equipos básicos de salud adquiridos,
Lo que ha permitido igualar al estándar de atención privada y a lo que se agregan la creación de programas de salud pública que aseguran el acceso gratuito, la calidad profesional y técnica y la calidez humana en el servicio.
Para la educación se destinaron $3.732 millones con los siguientes rubros:
• 931.488 niños/as reciben uniformes escolares gratuitos.
• 1´401.068 niños/as reciben desayunos y almuerzos gratuitos.
• 2´687.735 estudiantes reciben mochilas con textos escolares gratuitos.
• 14.902 partidas docentes asignadas a establecimientos educativos.
• 3.920 escuelas reconstruidas y ampliadas.
• 5 Unidades Educativas del Milenio construidas y 10 más en construcción.
• Eliminación de $25 y $30 de matrícula en establecimientos públicos.
• Pago puntual a los maestros desde hace tres años, elevación de sus salarios y bonificaciones.
• El reconocimiento pleno a la diversidad intercultural, étnica, de género, religiosa, educativa.
• La priorización de la inversión social como expresión del cambio de un Estado adorador del mercado a un Estado garantista de los derechos humanos y de la naturaleza. Reconocimiento y protección a los grupos vulnerables de atención prioritaria.
• La recuperación íntegra de la Soberanía Nacional y de la Dignidad. La terminación del acuerdo de la base aérea de Manta y la salida de las tropas extranjeras, así como la defensa de la integridad territorial.
• La renegociación de la deuda externa comercial privada y la realización de una auditoría pública integral de la deuda.
• Eliminación de la tercerización laboral y recuperación de los derechos de organización de los trabajadores.El conjunto de leyes que habilitan la nueva Constitución tiene como soporte la más inédita y amplia participación ciudadana, en una Asamblea Nacional, bajo una línea de transparencia y puertas abiertas.Leyes de extrema importancia están en el tapete de la discusión pública. Se pueden mencionar:• el Proyecto de Ley de Agua -el agua, constitucionalmente, es considerada “un derecho humano”, patrimonio nacional estratégico inalienable, inembargable, imprescriptible, y está prohibida cualquier forma de privatización),
• o la Ley de Minería, aprobada con un sinnúmero de modificaciones, para atender todos los Derechos de la Naturaleza que garantiza nuestra Constitución,
• o la Ley de Soberanía Alimentaria, que instituyó el Consejo Nacional, con participación campesina e indígena,
• o el Proyecto de Ley de Educación y el Proyecto de Ley de Educación Superior, que garantizan el acceso universal a una educación de alta calidad,
• o los Proyectos de Leyes de Participación Ciudadana, de Comunicación, de Servicio Público, y otros.Estas leyes benefician a casi todos los segmentos de la sociedad, lo que ha desatado una intensa dinámica política y una amplia movilización social, nada extrañas si el empeño es diseñar una nueva arquitectura jurídica y financiera para el siglo XXI.El Gobierno también ha emprendido la tarea de materializar el Mandato constitucional de organizar los Consejos de Igualdad, que reemplazarán a las antiguas instituciones de género, pueblos, etáreas y de discapacidades.El Gobierno Nacional, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir o Sumak Kawsay, impulsa la construcción un de nuevo modelo de desarrollo (ir de un Estado rentista, extractivista y excluyente, a uno productivo y justo). El Gobierno y el país entero han desplegado ingentes esfuerzos para modificar las duras condiciones de vida de la mayoría de la población. Ningún gobierno anterior ha realizado, en ningún rubro, la inversión e inclusión social plasmada por nuestro Gobierno.Los primeros beneficiarios de tales acciones han sido las conciudadanas y los conciudadanos que habitan las comunidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos.
En estos tres años se destacan: el aumento significativo del Bono de Desarrollo Humano (el Estado destina $43 494 885 cada mes para entregar $35 dólares a más de 1.200.000 beneficiarios); la inversión en vivienda alcanzó los $460 millones, es decir más de siete veces lo invertido por los gobiernos de Jamil Mahuad-Gustavo Noboa ($22millones), Lucio Gutiérrez ($24 millones) y Alfredo Palacio ($22 millones).
Uno de los sectores en el que más se invirtió fue el de la salud con una suma de $1.755 millones que financiaron:
• 469 establecimientos de salud remodelados,
• 52 establecimientos de salud construidos,
• $119 millones invertidos en equipos,
• 152 ambulancias nuevas adquiridas,
• $182 millones destinados para medicina gratuita,
• 14.977 profesionales de la salud contratados y
• 1.753 equipos básicos de salud adquiridos,
Lo que ha permitido igualar al estándar de atención privada y a lo que se agregan la creación de programas de salud pública que aseguran el acceso gratuito, la calidad profesional y técnica y la calidez humana en el servicio.
Para la educación se destinaron $3.732 millones con los siguientes rubros:
• 931.488 niños/as reciben uniformes escolares gratuitos.
• 1´401.068 niños/as reciben desayunos y almuerzos gratuitos.
• 2´687.735 estudiantes reciben mochilas con textos escolares gratuitos.
• 14.902 partidas docentes asignadas a establecimientos educativos.
• 3.920 escuelas reconstruidas y ampliadas.
• 5 Unidades Educativas del Milenio construidas y 10 más en construcción.
• Eliminación de $25 y $30 de matrícula en establecimientos públicos.
• Pago puntual a los maestros desde hace tres años, elevación de sus salarios y bonificaciones.
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