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El gobierno de Ollanta Humala dejará más de 200 conflictos sociales por resolver a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), entre ellos los que involucran a proyectos mineros como Tía María (Arequipa) y Las Bambas (Apurímac). Así lo revelan los reportes sobre conflictos sociales realizados por la Defensoría del Pueblo (DP) en los últimos 12 meses, que se mantienen casi invariables.
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El escenario será complicado para PPK: 152 conflictos sociales activos y 60 latentes fueron reportados por la DP en su último informe público. De ellos, 128 registraron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron.
Si Kuczynski no muestra capacidad rápida de intervención y una estrategia adecuada, los conflictos latentes se convertirán en activos, alertó el ex viceministro del Ambiente José de Echave.
A ello se suma que, en opinión de abogado Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la DP, la intensidad de la violencia en los conflictos sociales no ha descendido en los últimos años. Así lo confirman –explica– las cifras de víctimas en enfrentamientos por conflictos sociales desde el 2011: 73 muertos y 2.226 heridos entre policías y civiles.
El sur andino“El nuevo gobierno tiene que mirar el sur andino. El mapa de la conflictividad social ha cambiado en los últimos años y se ha trasladado al sur. Eso está relacionado con el hecho de que las inversiones extractivas se han focalizado en esa zona del país”, apunta De Echave.
A la fecha, Apurímac es la región con más conflictos sociales, con 24 (20 activos y 4 latentes), seguida por Áncash con 21 (17 activos y 4 latentes), Puno con 18 (12 activos y 6 latentes), Cajamarca y Cusco con 16 cada uno.
El 70,8% de los conflictos sociales reportados en mayo pasado estaba relacionado a temas socioambientales, otro 9% a asuntos de gobierno local (ver infografía).
En mayo del 2015, el número de conflictos sociales activos registrados por la DP fue de 152. Esa cifra descendió hasta 142 en febrero, pero retornó a 152 en mayo.
Para Luque, aunque se ha incrementado la capacidad del Estado para atender la conflictividad social y las empresas han mejorado sus políticas de responsabilidad social, la respuesta a las demandas de la población aún es lenta.
"PPK deberá ordenar la atención de la conflictividad social a través de un sistema de prevención de conflictos que articule las capacidades de los gobiernos locales, regionales y nacional", asegura.
Luque explica que aún no existen coordinaciones rápidas y precisas entre las instituciones del Estado para atender los conflictos sociales.
"Cuando la ciudadanía plantea una demanda, espera una respuesta rápida del Estado, pero en el Perú demora porque pasa por muchas ventanillas. No hay procedimientos establecidos para una discusión interna entre instituciones del Estado antes del proceso de diálogo con la población", asegura.