Respuestas
Los lineamientos que se presentan a continuación deben entenderse como una propuesta destinada a orientar la incorporación en las políticas públicas de los principios consagrados en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y en la Plataforma para la Acción de Beijing, y en ningún caso como agenda alternativa o limitante de los compromisos asumidos al respecto por los gobiernos.
Los países de la región presentan una gran heterogeneidad en su desarrollo. Por eso no siempre es posible ni deseable establecer comparaciones o jerarquías que encubren las circunstancias históricas en las que se ha desarrollado la lucha por la igualdad de mujeres y hombres. A pesar de la heterogeneidad existente en cuanto al grado de desarrollo de la base productiva y de los sistemas políticos, así como de la diversidad cultural dentro de los países y entre uno y otro, es notable la similitud que presentan los procesos nacionales. También llama la atención el hecho de que los avances logrados no parezcan tener una relación directa con el grado de desarrollo económico y éstos se han producido en todos los países en un contexto de posibilidades y resistencias similares, sobre todo de orden político y cultural.
Las políticas de género deben entenderse como una contribución al logro de la armonía entre los principios de universalidad (derechos de todas las mujeres) y de solidaridad (necesaria atención especial a grupos específicos, como niñas, jefas de hogar, jóvenes embarazadas, víctimas de violencia, campesinas pobres e indígenas), que trasciende el debate sobre la focalización que ha caracterizado a gran parte de las políticas sociales en las últimas décadas.
Los movimientos sociales de mujeres, tanto nacionales como internacionales, tuvieron la virtud de lograr a través de la acción pública el reconocimiento de los derechos humanos y de incorporar al debate público de la mayoría de los países temas estratégicos, entre otros el papel del Estado en la corrección de desigualdades, la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas, la extensión del ejercicio de la ciudadanía al ámbito privado de la familia a través de la sanción a la violencia doméstica y la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. (57) Los adelantos logrados en materia de igualdad de género han contribuido, de hecho, a atenuar la transmisión de desigualdades en la región