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Este es el caso de las decenas de miles de policías, que tras años de postergación salarial, y ante la ausencia de canales institucionales para plantear sus reclamos, estallaron de la peor manera. Autoacuartelamientos que se replicaron en la mayor parte de las provincias, y que estuvieron acompañados por violentos saqueos ante la ausencia de agentes en la calle, sembraron el caos en el país y provocaron al menos 11 muertes.
La respuesta de los gobiernos provinciales y de las autoridades nacionales fue errática: amparándose en que las fuerzas de seguridad no tienen derecho a huelga, los acusaron de sediciosos y en un primer momento se rehusaron a negociar. Pero cuando la situación salió completamente de su control terminaron prometiendo aumentos que están por encima de lo que la mayoría puede pagar.