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LA VII Cumbre de las Américas, realizada este fin de semana en Panamá, fue una de las citas continentales que ha concentrado mayor atención en los últimos años. Se trató de la primera oportunidad en que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro se encontrarían desde el anuncio del 17 de diciembre pasado sobre el inicio de conversaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Por ello, había altas expectativas tanto sobre los resultados del acercamiento entre La Habana y Washington, como sobre las señales que emanaran de la cumbre respecto de problemas que afectan a la región, como la desaceleración económica o las crecientes amenazas a la democracia.
Sin embargo, el genérico tono de las conclusiones llama a la cautela en cuanto a los resultados. La ausencia de una declaración conjunta es señal positiva, en todo caso, de que no existe disposición a diluir las exigencias básicas de avances democráticos a costa de débiles consensos, como ha ocurrido antes.
Es evidente que la decisión de la Casa Blanca de cambiar su estrategia de acercamiento a la isla, después de más de cinco décadas, favoreció un nuevo clima entre ambos países y marcó la cumbre. Sin embargo, para lograr un cambio real no bastan los gestos diplomáticos sino que deben ser seguidos por una agenda de acciones concretas, que efectivamente favorezcan que el régimen cubano dé pasos efectivos en favor de la libertad política y económica. La administración de Obama ha impulsado una serie de cambios hacia la isla; incluso, durante la cumbre dijo que le había solicitado al Congreso de su país terminar con el embargo económico impuesto a Cuba; también evalúa retirarla de la lista de promotores del terrorismo.
Sin embargo, de parte de las autoridades cubanas no se ha visto esa misma disposición al cambio, lo que genera una legítima inquietud sobre los verdaderos efectos que el nuevo clima bilateral tendrá en la búsqueda de una mayor apertura en la isla. Esto porque si bien en el mensaje del 17 de diciembre se anunció la liberación por parte de Cuba de 53 presos políticos, hecho que se concretó, la Comisión Cubana de DD.HH. reportó que en marzo hubo 610 detenciones arbitrarias, la cifra más alta de los últimos siete meses. Una señal de alerta que obliga a la Casa Blanca a actuar con más decisión frente a La Habana, exigiendo avances concretos.
En ese sentido la cumbre de Panamá volvió a dejar dudas sobre el verdadero compromiso de muchos de los países de la región con la democracia y el respeto a las garantías fundamentales. Al margen de los gestos diplomáticos y los compromisos en educación y progreso con equidad -que era el tema central de la cita-, hubo ausencia de una resolución más concreta sobre la grave situación que vive Venezuela -con sus principales líderes opositores apresados, pero cuyo gobierno aparece cada vez más aislado ante la comunidad internacional- o incluso sobre la consistente violación de los derechos humanos en Cuba. La propia Sociedad Interamericana de la Prensa se hizo presente con una delegación y envió una carta pública a los mandatarios participantes, donde se hizo ver que esta cumbre constituía una oportunidad histórica para comprometerse con la defensa y promoción de la libertad de expresión. Propuso, además, un proceso de trabajo conjunto para lograr avances concretos en libertad de expresión en la isla, iniciativa que debería ser recogida prontamente por las autoridades de Cuba y EE.UU.