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Hace pocos días se perpetraba la renovación de un atraco a la soberanía popular: el reparto del Consejo General del Poder Judicial entre los partidos políticos tradicionales de este país que, una vez más han conculcado los principios de nuestro estado de derecho.
La separación de poderes, tradicionalmente Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está basada en la necesidad de que existan, como postularon John Locke y Montesquieu, contrapesos y equilibrios, un balance entre los distintos poderes de un estado para que, a través de los controles entre unos y otros, se garantice la igualdad de derechos inherente a una democracia mediante la distribución de responsabilidades y controles entre los distintos poderes.
Ya la Constitución Española de 1812 contemplaba esta necesidad, refrendada en la actual Constitución de 1978, y es por eso que, cuando “se distribuyen los puestos a cubrir en función de la representación parlamentaria”, no se cumple la Constitución, según sentencia del Tribunal Constitucional en 1986.
Por esto mismo es quizás más sangrante leer la “misión” del CGPJ, que en su propia web establece …
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
A la vista está que un consejo cuyos miembros son elegidos por los grupos políticos (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo) entre sus afines, muchos de ellos incluso militantes, ni es autónomo ni puede garantizar la independencia que el mismo consejo no tiene desde su conformación.
Pero ¿por qué es importante la separación de poderes? y, en concreto, ¿por qué es un secuestro democrático el reparto entre los partidos políticos de los miembros de organismos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, o incluso los Tribunales de Cuentas?.