PLIS ES PARA MAÑANA ES DE construccion ciudadana plis plis
en las sociedades democraticas que establece la ciudadania?
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Respuesta dada por:
1
pues para mi Democracia social se utiliza para referirse a la implementación de mecanismos democráticos de toma de decisiones en las instituciones estatales que caracterizan a la sociedad civil. Se emplea el término democracia social para distinguirlo de democracia política, relacionado con los procesos de toma de decisiones en el Estado.
Empecemos por definir que es la ciudadanía y qué significa ser ciudadano o ciudadana en nuestra sociedad. Un ciudadano o ciudadana es una persona o un grupo que pertenece a una comunidad política, social y económica.
Nuestras sociedades humanas, o por lo menos parte de ellas, se fueron organizando en torno a la figura de un Estado, y este juega un papel fundamental como agente de cambio o de reproducción de los roles sociales de hombres y mujeres, así como en la reproducción o disminución de las desigualdades sociales.
Además, es desde el Estado que se determina el marco de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que hablar de ciudadanía implica hablar de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Estos y estas tienen la posibilidad de participar en los beneficios de la vida en común y de disfrutar de derechos civiles, políticos y sociales, respetando los derechos de las demás personas y contribuyendo al bien común.
En la vida cotidiana encontramos muchas veces la idea de que los derechos sólo existen en el papel y que es muy diferente su intención y su aplicación. Sin embargo, la definición de los derechos y su aplicabilidad en la vida de las personas por ellos cobijadas, no pueden ser disociadas de la participación de los sujetos en la ciudadanía, tanto a escala individual como colectiva.
La forma en que el Estado ejerce sus funciones está relacionada con el concepto de gobernabilidad, defendido por varios organismos internacionales (1) como siendo la “capacidad de adaptación de los países al nuevo modelo de desarrollo, como con la capacidad de las sociedades de desarrollar equilibrios virtuosos (o por lo menos razonablemente estables) entre los sistemas económicos, políticos y culturales”. Sin embargo, este equilibrio se ha visto aplazado por la predominancia del sistema económico sobre los otros sistemas sociales, políticos, etc.
Es función del Estado regular el sistema económico teniendo en cuenta la protección social de sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la política económica dominante, el neoliberalismo, debilita el poder del Estado fortaleciendo el sector privado y asegurando el predominio del mercado. Para restaurar el desequilibrio causado por el predominio del sistema económico frente a los sistemas sociales, políticos y culturales, es necesario que, por un lado, los Estados orienten sus políticas en el sentido de equilibrar la justicia y garantizar la democracia a todos los ciudadanos y ciudadanas y por el otro, que los mismos ciudadanos y ciudadanas participen en el sistema de gobernabilidad democrática, presionando para que exista un mayor equilibrio entre los diferentes sistemas, pues según Prats(2), la gobernabilidad es una cualidad de los sistemas y de las sociedades y no de los gobiernos.
El ejercicio de la ciudadanía se encuentra así articulado con la posibilidad de regulación y control de un Estado y con la posibilidad de incidencia directa en la regulación del sistema económico. En una democracia participativa y no sólo representativa, son las mismas sociedades que tienen el poder de tornar efectivas las decisiones del Estado, de lograr ejercer los mecanismos de control y de construcción de políticas públicas a nivel local y global.
“Un sistema de gobernabilidad democrática debería permitir que las reglas y normas sean producto de la participación, la deliberación, la confrontación de intereses y de modelos mentales entre actores que tienen en cuenta no sólo sus derechos e intereses sino también la estabilidad y avances en el orden global”.(3)
A lo largo del tiempo, las sociedades son cada vez más conscientes de que la participación ciudadana es fundamental para regular el Estado, para que este proteja los derechos de las personas. Así la ciudadanía es el resultado los derechos defendidos a través de la participación ciudadana, el resultado de lo que se puede construir entre todas las personas que habitan un determinado territorio, ya sea este la casa, el barrio, el municipio, el país, el continente o el planeta.
A continuación hablaremos de estas dos dimensiones, los derechos de las personas y el proceso de participación ciudadana.
Empecemos por definir que es la ciudadanía y qué significa ser ciudadano o ciudadana en nuestra sociedad. Un ciudadano o ciudadana es una persona o un grupo que pertenece a una comunidad política, social y económica.
Nuestras sociedades humanas, o por lo menos parte de ellas, se fueron organizando en torno a la figura de un Estado, y este juega un papel fundamental como agente de cambio o de reproducción de los roles sociales de hombres y mujeres, así como en la reproducción o disminución de las desigualdades sociales.
Además, es desde el Estado que se determina el marco de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que hablar de ciudadanía implica hablar de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Estos y estas tienen la posibilidad de participar en los beneficios de la vida en común y de disfrutar de derechos civiles, políticos y sociales, respetando los derechos de las demás personas y contribuyendo al bien común.
En la vida cotidiana encontramos muchas veces la idea de que los derechos sólo existen en el papel y que es muy diferente su intención y su aplicación. Sin embargo, la definición de los derechos y su aplicabilidad en la vida de las personas por ellos cobijadas, no pueden ser disociadas de la participación de los sujetos en la ciudadanía, tanto a escala individual como colectiva.
La forma en que el Estado ejerce sus funciones está relacionada con el concepto de gobernabilidad, defendido por varios organismos internacionales (1) como siendo la “capacidad de adaptación de los países al nuevo modelo de desarrollo, como con la capacidad de las sociedades de desarrollar equilibrios virtuosos (o por lo menos razonablemente estables) entre los sistemas económicos, políticos y culturales”. Sin embargo, este equilibrio se ha visto aplazado por la predominancia del sistema económico sobre los otros sistemas sociales, políticos, etc.
Es función del Estado regular el sistema económico teniendo en cuenta la protección social de sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la política económica dominante, el neoliberalismo, debilita el poder del Estado fortaleciendo el sector privado y asegurando el predominio del mercado. Para restaurar el desequilibrio causado por el predominio del sistema económico frente a los sistemas sociales, políticos y culturales, es necesario que, por un lado, los Estados orienten sus políticas en el sentido de equilibrar la justicia y garantizar la democracia a todos los ciudadanos y ciudadanas y por el otro, que los mismos ciudadanos y ciudadanas participen en el sistema de gobernabilidad democrática, presionando para que exista un mayor equilibrio entre los diferentes sistemas, pues según Prats(2), la gobernabilidad es una cualidad de los sistemas y de las sociedades y no de los gobiernos.
El ejercicio de la ciudadanía se encuentra así articulado con la posibilidad de regulación y control de un Estado y con la posibilidad de incidencia directa en la regulación del sistema económico. En una democracia participativa y no sólo representativa, son las mismas sociedades que tienen el poder de tornar efectivas las decisiones del Estado, de lograr ejercer los mecanismos de control y de construcción de políticas públicas a nivel local y global.
“Un sistema de gobernabilidad democrática debería permitir que las reglas y normas sean producto de la participación, la deliberación, la confrontación de intereses y de modelos mentales entre actores que tienen en cuenta no sólo sus derechos e intereses sino también la estabilidad y avances en el orden global”.(3)
A lo largo del tiempo, las sociedades son cada vez más conscientes de que la participación ciudadana es fundamental para regular el Estado, para que este proteja los derechos de las personas. Así la ciudadanía es el resultado los derechos defendidos a través de la participación ciudadana, el resultado de lo que se puede construir entre todas las personas que habitan un determinado territorio, ya sea este la casa, el barrio, el municipio, el país, el continente o el planeta.
A continuación hablaremos de estas dos dimensiones, los derechos de las personas y el proceso de participación ciudadana.
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