Respuestas
esta relación entre los ciudadanos y el Estado tiene tres grandes pilares en los cuales se soporta: la transparencia como política, la cultura de la legalidad y la confianza en las instituciones.
La primera se refleja, para empezar, en la necesidad de que los actos que desarrollamos en sociedad no afecten derechos ajenos, es decir, a comportarnos conforme a derecho. Implica entonces respetar el principio de lealtad y buena fe en nuestra interacción.
Pero la transparencia implica, además, deberes positivos de colaboración con los fines estatales, en particular, con la obligación en cabeza de los ciudadanos de denunciar los actos que ponen en peligro la convivencia de la comunidad y que afectan los derechos y las libertades de las personas.
En efecto, nuestra Constitución Política establece como una de sus más importantes directrices el “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia” (num. 7, art. 95 CN), precepto que es desarrollado por la legislación penal, no solo con los tipos de conductas relacionadas con la omisión de denuncia (arts. 417 y 441 CP), sino también con el deber de rendir testimonio ante las autoridades (art. 383 CPP), entre otras disposiciones.
El cumplimiento de este deber es lo que posibilita que la Fiscalía General de la Nación y la magistratura actúen de manera efectiva en contra de la criminalidad, en especial cuando se trata de hechos de corrupción, los cuales implican una grave afectación de los derechos colectivos.