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tenemos una capacidad prodigiosa para enredarlo todo. Frente a cada problema nos inventamos una ley o un decreto o una directiva o todo junto de ser posible. Somos los reyes del caos, la confusión normativa y la letra menuda, situación que por supuesto es aprovechada y promovida por los abogados que entre vericuetos y antinomias volvemos el cuadro todavía más complicado. Nos hemos convertido en profesionales detestablemente imprescindibles en medio de esta compleja maraña institucional que lo único que ha logrado es hacernos la vida más difícil como nación.
A ello agreguemos que nuestros legisladores con frecuencia olvidan que también es parte de sus deberes derogar normas y no solamente crearlas. Así, en Colombia, hoy tenemos alrededor de 20 códigos, 16 estatutos nacionales y miles, ¡léase bien!, miles de leyes que requieren no uno sino cientos de abogados para ser interpretadas. Por supuesto, no todas esas normas se necesitan para vivir en una sociedad civilizada. Según los cálculos de algunos expertos, nos sobran unas 15.000 normas e incisos que son prácticamente obsoletos y aún así hacen parte de nuestros textos legales porque nadie se ha encargado de excluir aquellas disposiciones inútiles.
La falta de sincronía del ordenamiento legal con los tiempos que corren es total. Por eso, no es raro encontrar artículos en los códigos que regulan la propiedad de las abejas que huyen de sus panales (artículo 696 del Código Civil) o que todavía se ocupan del dilema de a quién le corresponden las bestias y los arneses cuando se lega un carruaje (artículo 1180 del Código Civil).
En todas las materias hay normas absurdas como esas. En lo penal, por ejemplo, el profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, recuerda que existen disposiciones anacrónicas con penas elevadas para quienes destruyan “señales físicas” que marcan las fronteras nacionales (artículo 459 del Código Penal) y otros que castigan a los colombianos que acepten “cargo, honor o distinción” de Estado en hostilidad en guerra con la patria (artículo 462).
Y si las normas que regulan la vida cotidiana parecen demasiadas, las que tienen que ver con el sistema tributario en Colombia y la creación de empresas resultan infinitas, dispersas y redundantes. En su más reciente libro ‘¡Crear o morir!’, Andrés Oppenheimer advierte que en países de América Latina como Colombia se requieren unos 13 trámites legales para crear una empresa. Aunque hoy más del 90 por ciento del total de las compañías que se estrenan se hacen bajo la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada, con menos exigencias como su nombre lo indica, estamos lejos todavía de hacerle la vida más fácil a nuestros emprendedores pues su calvario inicia en una notaría y suele seguir en las poderosas Cámaras de Comercio para terminar en la DIAN, que se queda con algo más del 70 por ciento de sus utilidades, según lo han registrado la periodista María Isabel Rueda y el rector de la U. del Rosario, José Manuel Restrepo en artículos recientes.
Como resultado de esta abrumadora e innecesaria inflación legislativa que lleva más de un siglo y no se detiene, el sistema jurídico que nos rige aleja a los ciudadanos de la comprensión de sus normas y eleva la necesidad de abogados para desarrollar hasta el más mínimo procedimiento.
Seguramente por eso en nuestro país existen 400 abogados por cada 100 mil habitantes, una cifra elevada incluso dentro de América Latina, pues superamos ampliamente países como Chile que tienen 125 abogados por cada 100 mil ciudadanos.
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