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No existiese entonces un ente competente que velara por la transparencia en la administración del patrimonio público del Estado y los intereses de la nación, por lo que se crearía indirectamente un incentivo dañino para el país.
La gestión fiscal de la administración , todo lo relacionado con los recursos y fondos, y bienes de la Nación carecerían de un ente regulador que vigile debidamente las gestiones.
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