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El anuncio sorprendió a todos. El as en la manga que se tenía guardada
la Conselleria de Educación para eludir el frenazo judicial a su decreto
de plurilingüismo es un decreto ley, una fórmula que no sólo permite al Consell esquivar la suspensión
cautelar de su decreto, contra el que se han sucedido los recursos por
«discriminar» a los alumnos de castellano con menos inglés. Con el
decreto ley, el Gobierno valenciano logra también saltarse al Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, cuyos pronunciamientos han rechazado una y
otra vez los argumentos y recursos de la Abogacía de la Generalitat.
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