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se promovían nuevos planes contra el clero, se hacían ataques personales sobre los dignatarios eclesiásticos, mientras que los monasterios eran objeto especial de asaltos. El 11 de febrero de 1790, Treilhard propuso por segunda vez la abolición de los monasterios y los votos monásticos. Tras muchos debates la resolución se aprobó el 13 de febrero de 1790, disolviendo todas las órdenes y congregaciones de ambos sexos, con la excepción de las dedicadas a la instrucción de niños y el cuidado de los enfermos. Los monjes podían dejar sus monasterios notificándolo a las autoridades locales; los que no estuvieran dispuestos a dejarlos serían asignados a casas para su uso. Grandes números se aprovecharon de la libertad ofrecida y se convirtieron en los más entusiastas devotos de la revolución. A las monjas se les permitió quedarse donde estuvieran y pocas dejaron sus órdenes. Se otorgaron pensiones a los que entraran en la vida civil, dependiendo la cantidad de la condición del monasterio, la regla de la orden y la edad de los individuos. El clero había esperado que la resolución que vendía la propiedad eclesiástica fuera papel mojado, pero la falta de oro y el déficit creciente hizo de esta medida una eventualidad inmediata. El arzobispo de Aix propuso un préstamo de 400 millones de francos, garantizado por la propiedad del clero, que pagaría el interés y luego gradualmente lo principal a través de transacciones de ventas. Pero la mayoría no aceptaría este plan, ni reconocería la posición del clero para garantizar el ofrecimiento de tal suma. Mientras tanto, Dom Gerles, miembro del comité clerical, exhortó a que, para satisfacer a aquellos que temían por la existencia de la religión, la religión católica sería estimada como la de la nación y que únicamente sus servicios serían autorizados por el Estado. Tras considerable debate de la asamblea se decidió no refrendar la propuesta, ya que ni estaba dispuesta ni era capaz de acometer decretos sobre asuntos de religión (13 de abril de 1790). El capítulo de París, los miembros de la derecha y las ciudades de Nimes, Nantes y Rennes se quejaron contra esta decisión y defendieron la religión católica. La asamblea determinó asumir la administración de las posesiones clericales por los directores de departamentos y distritos, siendo pagados 400 millones y el dinero dado al clero.
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