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l 31 de enero de 1962 –hace justo medio siglo– Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Resolución número VI aprobada en la Octava Cumbre de esa organización continental controlada por Estados Unidos, celebrada en Punta del Este, Uruguay, expresaba que:
-la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano…
-el actual gobierno de Cuba que oficialmente se identifica como un gobierno marxista leninista, es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano…
-esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano…
-que el Consejo de la OEA y los otros órganos y organismos del Sistema Interamericano adopten sin demora las providencias necesarias para cumplir esta resolución.
Aquella reunión fue solicitada formalmente por el gobierno de Colombia, que junto al de Venezuela y Puerto Rico –el Puerto Rico de Luis Muñoz Marín y el PPD– eran considerados entonces como ‘bastiones del anticomunismo’ por el gobierno estadounidense que presidía John F. Kennedy.
La resolución obtuvo catorce votos a favor y los votos en contra de México y de la propia Cuba. Se abstuvieron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador.
La decisión no tomó por sorpresa a nadie. Varios meses antes, en agosto de 1961, se reunió en esa misma ciudad la Quinta Sesión Plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA. La convocatoria iba dirigida a imponer el plan económico-político diseñado por la administración Kennedy, denominado Alianza para el Progreso. El objetivo principal del mismo era impedir que se propagara el ejemplo de la Revolución Cubana por América Latina y el Caribe.
El representante de Cuba en esa reunión, el comandante Ernesto Che Guevara, ofreció un extenso y abarcador discurso el 8 de agosto, en el que denunció las intenciones de Estados Unidos, señalando que,
“Hemos denunciado la ‘Alianza para el Progreso’ como un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina, a esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana, y, después, a domesticar a los otros pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo.”
En abril de ese mismo año –menos de cuatro meses antes de esa primera reunión de Punta del Este– había ocurrido el ataque mercenario contra Cuba por Playa Girón. Esa agresión armada había sido organizada, financiada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, en abierta violación a la soberanía nacional cubana y al derecho internacional vigente.
De manera que todas las cartas estaban sobre la mesa. Sólo faltaba darle visos de legitimidad a la intolerancia hegemónica de la gran potencia que no podía concebir que su antigua neocolonia caribeña se le escapara del redil. A ello se prestaron dócilmente la OEA y un grupo de gobiernos cómplices de aquel atropello.
Complicidad de Muñoz y compañía
Muñoz Marín y su gobierno colonial desempeñaron un rol infame en este complot contra Cuba. En diciembre de 1961 –pocas semanas antes de la expulsión de Cuba de la OEA– el presidente Kennedy visitó Puerto Rico. No se trataba de una simple visita de cortesía; formaba parte de un operativo mayor. La siguiente escala era Caracas. Allí, el embajador estadounidense era nada menos que Teodoro Moscoso, pretendido ‘arquitecto’ del ELA y exdirector de Fomento Industrial. Fue precisamente a Moscoso a quien Kennedy designó posteriormente como director ejecutivo de la Alianza para el Progreso. Mientras tanto, Arturo Morales Carrión fungía como Secretario adjunto de Estado para América Latina.
Según un extenso y tendencioso reportaje publicado por la revista Life el 6 de marzo de 1961, el modelo por el que se guiaría el coordinador general de la Alianza para el Progreso, Adolf A. Berle, en la implementación del plan anticubano, sería “…el notable desarrollo social, político y económico que ha experimentado Puerto Rico bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín… ¿No podría hacerse extensivo este tipo de progreso a grandes zonas de la América Latina?”