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En la cárcel no hay ningún responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968, aunque se ha pretendido establecer responsabilidades, que sobre todo han apuntado al ex presidenteGustavo Díaz Ordaz y su sucesor Luis Echeverría, quien primero ocupó la Secretaría de Gobernación.
Un año después de la matanza, el entonces presidente Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad en el evento que eclipsó los movimientos sociales de esos tiempos.
“Asumo íntegramente la responsabilidad ética social, jurídica política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”, dijo en su Quinto Informe de Gobierno, ante un pleno de legisladores que ovacionaron de pie su declaración en San Lázaro.
No obstante, sostuvo que todas las decisiones caían sobre él por ser el presidente de México, pero nunca reconoció su culpabilidad, ni existió algún proceso penal en su contra por los homicidios de 1968, previos a la fiesta de los Juegos Olímpicos.
La orden de intervenir en la Plaza de las Tres Culturas fue del Ejército -encabezado por Marcelino García Barragán-, aseguró Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, “pero todo lo manejó el presidente”, según el libro Luis Echeverría Álvarez, “Entre lo público y lo privado”, de Editorial Planeta.
Décadas después, en un intento por llevar a tribunales el caso de la masacre de 1968, el gobierno federal y el Poder Judicial recuperaron el caso de la matanza.
En noviembre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox ordenó la creación de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), como parte de sus promesas de campaña del 2000, encargada del trabajo que debió realizar el Ministerio Público de la Federación, la reconstrucción histórica de los hechos y la investigación del contexto estudiantil, así como la masacre del 2 de octubre de 1968.
De inicio, la entidad consideró responsables al tanto a Gustavo Díaz Ordaz, como al procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas; al ex agente del Ministerio Público, Salvador Toro Rosales; al comandante de agentes Miguel Nazar Haro y al agente Luis de la Barreda Moreno, subdirector de la Dirección Federal de Seguridad.
Luego de tres años de investigación, en 2005, el juez José Mattar, del Segundo Tribunal Unitario de Circuito, ordenó la detención de Luis Echeverría con la condición de arresto domiciliario, así como el arresto de otras 55 personas.
Pero un revés judicial anuló esa sentencia. El magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró en 2009 a Echeverría pues afirmó que no existía prueba que lo inculpara por estos hechos.
La muerte de Díaz Ordaz, en 1979, impidió que se le fincaran cargos. No obstante, los dos tribunales federales que exoneraron a Echeverría, coincidieron en que las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) perfilaron a Ordaz como el único responsable del genocidio.
En las resoluciones del quinto tribunal colegiado y del segundo tribunal unitario, se concluye que el entonces presidente (Díaz Ordaz) preparaba una respuesta contundente para frenar el movimiento estudiantil de esa época, que ya había originado un número considerable de enfrentamientos con las fuerzas policiacas, pues así lo anunció el entonces mandatario (en su cuarto Informe de gobierno).
Se aprecia que el temor del gobierno federal de aquel entonces era que se estropeara la celebración de los Juegos Olímpicos, que se inauguraron el 12 de octubre de 1968, lo cual sin duda revela que el entonces titular del Ejecutivo federal preparaba una respuesta contundente para poner fin al movimiento estudiantil, señala.
En declaraciones posteriores al 68, el pro
Un año después de la matanza, el entonces presidente Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad en el evento que eclipsó los movimientos sociales de esos tiempos.
“Asumo íntegramente la responsabilidad ética social, jurídica política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”, dijo en su Quinto Informe de Gobierno, ante un pleno de legisladores que ovacionaron de pie su declaración en San Lázaro.
No obstante, sostuvo que todas las decisiones caían sobre él por ser el presidente de México, pero nunca reconoció su culpabilidad, ni existió algún proceso penal en su contra por los homicidios de 1968, previos a la fiesta de los Juegos Olímpicos.
La orden de intervenir en la Plaza de las Tres Culturas fue del Ejército -encabezado por Marcelino García Barragán-, aseguró Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, “pero todo lo manejó el presidente”, según el libro Luis Echeverría Álvarez, “Entre lo público y lo privado”, de Editorial Planeta.
Décadas después, en un intento por llevar a tribunales el caso de la masacre de 1968, el gobierno federal y el Poder Judicial recuperaron el caso de la matanza.
En noviembre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox ordenó la creación de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), como parte de sus promesas de campaña del 2000, encargada del trabajo que debió realizar el Ministerio Público de la Federación, la reconstrucción histórica de los hechos y la investigación del contexto estudiantil, así como la masacre del 2 de octubre de 1968.
De inicio, la entidad consideró responsables al tanto a Gustavo Díaz Ordaz, como al procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas; al ex agente del Ministerio Público, Salvador Toro Rosales; al comandante de agentes Miguel Nazar Haro y al agente Luis de la Barreda Moreno, subdirector de la Dirección Federal de Seguridad.
Luego de tres años de investigación, en 2005, el juez José Mattar, del Segundo Tribunal Unitario de Circuito, ordenó la detención de Luis Echeverría con la condición de arresto domiciliario, así como el arresto de otras 55 personas.
Pero un revés judicial anuló esa sentencia. El magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró en 2009 a Echeverría pues afirmó que no existía prueba que lo inculpara por estos hechos.
La muerte de Díaz Ordaz, en 1979, impidió que se le fincaran cargos. No obstante, los dos tribunales federales que exoneraron a Echeverría, coincidieron en que las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) perfilaron a Ordaz como el único responsable del genocidio.
En las resoluciones del quinto tribunal colegiado y del segundo tribunal unitario, se concluye que el entonces presidente (Díaz Ordaz) preparaba una respuesta contundente para frenar el movimiento estudiantil de esa época, que ya había originado un número considerable de enfrentamientos con las fuerzas policiacas, pues así lo anunció el entonces mandatario (en su cuarto Informe de gobierno).
Se aprecia que el temor del gobierno federal de aquel entonces era que se estropeara la celebración de los Juegos Olímpicos, que se inauguraron el 12 de octubre de 1968, lo cual sin duda revela que el entonces titular del Ejecutivo federal preparaba una respuesta contundente para poner fin al movimiento estudiantil, señala.
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